El procurador general adjunto de Comodoro Rivadavia, Emilio Porras Hernández, recalentó la tensión entre el Poder Judicial y la dirigencia política mediante un comunicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal en el que afirmó que “las recientes embestidas del poder político” contra esa Procuración “ponen de manifiesto, una vez más, la ausencia de una política seria destinada a gestionar la seguridad como signo de las sucesivas administraciones de gobierno”.

“Como en cada ocasión en que los ciudadanos perdieron la paciencia los gobernantes, lejos de emprender el empinado camino de la reconstrucción del tejido social, optaron por amplificar aquellas voces que bregan por un retorno a las viejas recetas de mano dura con connivencia del poder judicial, preferidas por los gobiernos de sesgo autoritarios y magistraturas complacientes”.

Según el funcionario, “esta ideología es la que alimenta los conjuros que a menudo predican los titulares de los poderes públicos, que por arte de magia, prometen acabar con el flagelo que aqueja al ciudadano, tales como esto se arregla poniendo entre rejas a 40 o 50 delincuentes´, ´hay que terminar con la puerta giratoria de la justicia´, ´los ladrones ingresan por una puerta y salen por la otra antes que los damnificados´, entre las más nombradas”.

“Las recetas instantáneas no se detienen en las puertas de los tribunales y se filtran en las voces de los operadores judiciales –escribió Porras Hernández- con propuestas que auguran el mismo poder letal, así ´hay que volver al viejo Código´, ´adoptamos un Código de Suiza para un país africano”, `devolver las atribuciones al juez de instrucción y correr a los fiscales que no tienen experiencia´, ´no se puede poner en acción un Código sin capacitación de los operadores´ y un sinnúmero de frases por el estilo que ponen de manifiesto las añoranzas por un régimen superado y, por cierto, relativamente cómodo para algunos segmentos”.

Para el adjunto de Jorge Miquelarena, la ola delincuencial en Comodoro es “una oportunidad para reflexionar” sobre qué Ministerio Público Fiscal “apuntamos a construir y la necesidad de desarrollar instrumentos adecuados para gestionar con eficacia el caudal de casos que se vuelcan al sistema”.

Porras Hernández consideró que el antiguo sistema procesal generó “una administración de justicia jerárquica, burocrática y ajustada a un procedimiento con bajo estándar de respeto por las garantías ciudadanas”. Ante esto se debe “advertir la necesidad de persistir en el camino elegido, que no está exento de dificultades”.

Según repasó, “bajo aquella organización se alcanzó la lamentable cifra de 10 personas desaparecidas en esta ciudad durante la década de los ´90 y los primeros años de este siglo; se registraron niveles de morosidad judicial inaceptables y se anotaron decisiones desacertadas con un alto costo para la sociedad en causas tales como “Mortensen”, “Millacura”, “Prostitución”, “Cobre”, “Cleland” y tantas otras que por obra del tiempo quedan en lontananza”.

El cambio de Código Procesal Penal y la restructuración de las fiscalías “representan intentos serios y probados en otras latitudes por dejar atrás ciertas prácticas que no deseamos repetir. En la Procuración General estamos comprometidos con dicha transformación y de allí que potenciamos herramientas novedosas con las que aspiramos a dar respuestas judiciales ciertas y efectivas”.

Aún así, el procurador adjunto admitió que pese a los avances, “no podemos desconocer que existen debilidades que tornan vulnerable nuestra institución, principalmente, en los aspectos de organización interna de las oficinas y el diseño acabado de un esquema de trabajo que permita un aprovechamiento racional de los recursos humanos y materiales”.

El gobierno provincial reaccionó y el vocero fue el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, quien de los fiscales dijo que “no se trata de que se sienten en sus escritorios a esperar la colección de pruebas por parte de la policía. El Código les exige, les impone y les da como tarea estar al frente de la investigación”.

“Lo que no puede suceder es que el 90 % de los hechos delictivos que se denuncian terminen en un archivo sin ninguna investigación”, afirmó al recordar los episodios violentos en la Municipalidad de Comodoro, cuando trabajadores de la UOCRA ingresaron al municipio. “El fiscal lo que tiene que hacer es constituirse en el lugar de los hechos, interrogar a los testigos, secuestrar los videos; esa actitud activa y de conducción es lo que no aparece en este caso y en muchos otros”.

El fiscal de Estado insistió –frente al comunicado de Porras Hernández- que la seguridad “es un tema cuyo responsable último es el Estado, integrado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”. Y recordó que en Chubut hay en marcha una política de seguridad que “abarca todos los aspectos: cuando se inaugura una escuela, cuando se discute con las empresas petroleras una mayor inversión y la necesidad de acrecentar la renta por parte de la provincia, cuando comienza a trazar una nueva política en relación a la institución policial”.

Según Meza Evans, la gestión Buzzi “se está ocupando de articular estas políticas de seguridad y el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal tiene en sus manos la persecución penal, los fiscales son los que tienen que estar al frente de la investigación”.

“Disiento con Porras Hernández en esta descripción donde los fiscales son receptores de pruebas que evalúan jurídicamente, esa es la parte pasiva que muchos están criticando”, añadió. Tras recordar que el gobernador “restableció el diálogo con el Poder Judicial”, el fiscal de Estado enfatizó: “Estamos pidiendo que el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal redoble los esfuerzos en el combate contra el delito; nosotros tenemos que trabajar para que existan menos delincuentes y el Poder Judicial para que los delitos sean castigados”.