El defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával informó ayer a Nuevo Diario que mantuvo una nueva reunión con el fiscal de Estado, Raúl Abate, y que se encuentran en la tarea de “recabar información” para la presentación del amparo ambiental en contra de las empresas contaminantes de Tucumán.

La situación se aceleró, luego de que días atrás se volviera a detectar la presencia de peces muertos en el lago de Las Termas de Río Hondo.

En tanto, trascendió que hoy, será el propio fiscal quien informará al gobernador Gerardo Zamora sobre la actual situación jurídica y los posibles caminos a seguir.

Al referirse a los plazos que manejan para la presentación, Díaz Achával indicó que “antes de la semana que viene no”, a raíz de que aún deben obtener una serie de pruebas.

Además, mencionó la molestia que genera esta situación, a raíz de que no esperaban que se diera de esta manera, ya que desde Tucumán se había informado sobre acciones concretas, pero no repercutieron en la contención de la vinaza.

El defensor indicó que la magnitud del daño ambiental generado por la falta de oxígeno en el agua, “no es producto de un solo ingenio, sino que llega la contaminación de todos los efluentes, llevando a cero el nivel de oxígeno”.

Entre los aportantes a esta difícil situación, involucra a quienes arrojan sus efluentes a través de los tributarios al embalse como el Salí, el Mixta y Troncal.

Díaz Achával informó que continuarán con las reuniones con Fiscalía de Estado, a futuro, para seguir de cerca la situación actual.

Hoy mismo, en Buenos Aires, el defensor participará de una reunión de Adpra (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), y también del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí-Dulce, en la que también estará presente su par tucumano, Jorge Alberto García Mena y el titular de la Defensoría nacional, Anselmo Sella.

Sin tiempo

Respecto de lo que viene sucediendo, Díaz Achával recordó que en mayo finalizó el PRI (Programa de Reconversión Industrial), en Tucumán, y que ya no se puede “confiar más” en una adhesión voluntaria, ya que a menos de 4 meses existen consecuencias graves.

Finalmente, insistió en que la postura de la Defensoría es que “quienes continúen arrojando vinaza o residuos tóxicos, cierren sus plantas industriales”.

Este es el planteo que se esgrime, en especial, a la industria azucarera de la vecina provincia.