El ministro de Salud provincial, Miguel Cappiello, reveló ayer que se realizaron catorce abortos no punibles en todo el territorio santafesino, "sin publicidad ni problemas". Lo hizo al evaluar lo...
"Ya hicimos 14 intervenciones de ese tipo y no tuvimos ningún problema", sostuvo el funcionario de la administración de Antonio Bonfatti.
Cappiello puso de relieve que "en un caso similar al que se debate en la ciudad de Buenos Aires, la provincia hace la intervención sin publicidad porque está contemplado en los abortos no punibles".
La jueza Myriam Rustan de Estrada había decretado como medida cautelar de no innovar la suspensión del aborto no punible en un hospital porteño a una mujer víctima de trata, tras dar lugar a un amparo.
La presentación de la organización católica Pro Familia se realizó luego de que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, comunicara días atrás que se iba a realizar el aborto no punible de una mujer de 32 años en el hospital Ramos Mejía.
Premura. "Es un caso contemplado en un fallo de la Corte Suprema de la Nación y su judicialización llevará un tiempo que hará que este embarazo se prolongue", sostuvo el titular de la cartera sanitaria.
En ese sentido, Cappiello recordó: "En Santa Fe tuvimos el caso (Ana María) Acevedo, que le costó la vida a una joven, y existe un registro de opositores de conciencia para los médicos que no quieren hacer el aborto. Pero siempre alguien termina realizando la intervención".
Por el caso Acevedo, la Justicia procesó en su momento a seis médicos por no realizarle un aborto no punible ni brindarle tratamiento oncológico a la joven de la ciudad de Vera.
Ana María tenía 20 años y murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de Santa Fe por un cáncer en el maxilar.
"Hay que actuar, contener a la mujer que padeció una tremenda situación y no someterla a otra, compleja y desagradable", concluyó el funcionario.
Sólo cuatro provincias tienen protocolos que se ajustan a lo que dictó la Corte: Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Chaco.
De las cuatro, en Santa Fe es donde mejor se aplica. No exigen autorizaciones judiciales ni denuncias policiales para practicar un aborto en caso de violación. La mujer es atendida por un equipo médico y firma un consentimiento informativo.
Controversia. Meses atrás, la Multisectorial de Mujeres Rosario había denunciado que el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) de Rosario no garantizaba la interrupción de un embarazo previsto en el Código Penal porque todos los profesiones del área ginecológica son objetores de conciencia.
En respuesta, la intendenta Mónica Fein prometió incorporar médicos que garanticen esas prácticas, aunque aclaró que se podían hacer derivaciones a otros centros de salud frente a estos casos.
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