El gobernador Beder Herrera firmó el viernes el pedido de declinatoria de los jueces federales. Hoy se presenta ante el máximo organismo de Justicia del país.
Según pudo establecer NUEVA RIOJA de altas fuentes del Gobierno provincial, el pasado viernes el gobernador Luis Beder Herrera firmó la presentación judicial que hoy se entregará en la sede del máximo organismo judicial del país.
El Gobierno riojano cuenta con un representante legal matriculado en la Capital Federal, quien será el encargado de concretar en las primeras horas de hoy la presentación jurídica ante el organismo que encabeza Ricardo Lorenzetti.
El escrito ya había sido girado al estudio jurídico instalado en la Capital Federal en las primeras horas del último viernes.
La aspiración
En esta presentación -la cual recién tomaría estado público en el transcurso de esta semana- La Rioja le pide a la Corte Suprema de Justicia que declare la inhibitoria de los jueces federales que dictaron resoluciones en relación con el decreto presidencial del 20 de mayo del año 2010.
Si la Corte hace lugar al pedido riojano, los jueces federales de todo el país deberían dejar de lado las causas relacionadas con la medida que tomó Cristina Fernández y que implicaba la continuidad del régimen de promoción económica para la provincia de La Rioja.
En las últimas horas desde el Gobierno remarcaron que en caso de aceptar la Corte Suprema el pedido riojano, la situación del decreto presidencial se modificaría sustancialmente.
"Los jueces federales de las distintas provincias deberían dejar de lado sus actuaciones, y sería la Corte Suprema la que resolvería si se debe aplicar o no el decreto presidencial", comentaron en el primer piso de la Casa de las Tejas.
Presiones
Aunque se trata de un debate jurídico está clara la existencia de un trasfondo político.
En el Gobierno riojano creen que algunos jueces federales mostraron cierta disposición a escuchar el planteo de sus respectivas Provincias y entienden que en el máximo organismo judicial del país eso no ocurrirá.
Sobre la base de este planteo, entienden que la Corte Suprema de la Nación tomaría como referencia el artículo 117 de la Constitución Nacional y que asumiría como propia la causa por la existencia directa de una provincia que se ve afectada.
Además, los equipos técnicos de la provincia de La Rioja consideran que la Corte Suprema de Justicia no iría en contra de este decreto presidencial por el conflicto entre las funciones del Estado que se podría generar.
Los próximos pasos
Cómo sigue la pelea ante la Nación por la continuidad del sistema
Hace un par de meses que en el Gobierno provincial tienen una precisión: la Nación no aplicará el decreto 699/10 mientras no existan certezas judiciales.
Es por ello que buscan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación brinde un corte definitivo al tema. En la Provincia entienden que si la Corte resuelve sobre la vigencia de la medida presidencial, automáticamente la Nación comenzará aplicar el decreto.
Sin embargo, la resolución que Cristina Fernández tomó en mayo de 2010 requiere de un acta complementaria para su plena aplicación.
Es por ello que en la Casa de las Tejas y los diputados nacionales que vienen trabajando el tema, apuestan a que la Corte resuelva el tema y comience la pelea por el convenio complementaria.
Esa acta ya está definida, con algunos puntos positivos y otros negativos para la Provincia. El acuerdo con Nación implica la continuidad del régimen por otros dos años para la empresas ya instaladas; establece que La Rioja tendrá la autoridad de aplicación; pero no dice nada sobre nuevas inversiones o sobre qué ocurrirá luego de los dos años.
Comentá la nota