Estuvieron presentes la Diputada Nacional Adela Segarra, la legislador provincial y Pta. de la Comisión de Hábitat, Vivienda y Tierra Legislatura Pcial., Silvia Horne y el Embajador Plenipotenciario de Asunto Agrícolas y candidato a la intendencia de Mar del Plata, Carlos Cheppi.

Acompañaron el encuentro la concejal por el Frente para la Victoria de Mar del Plata, Verónica Beresiarte y la postulante a Diputada Provincial, Fernanda Raverta.

Durante la charla se expusieron los cuestionamientos por los casos de extranjerización de tierras por parte del gobierno de Río Negro al mando de Miguel Saiz, quien ha establecido un dudoso acuerdo sojero firmado el año pasado con la mayor productora de alimentos de China. El pacto le otorga a la estatal Heilongjiang Farms la concesión por hasta 50 años de 320 mil hectáreas en el valle inferior de Río Negro y por solo U$S 1500 millones de inversión, esta empresa podrá plantar soja, colza y otros cultivos, con la particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, a pesar del daño que generarían al suelo.

Dentro de este contexto la legisladora del Movimiento Evita-FpV Silvia Horne presentó un proyecto de Ley para rechazar el acuerdo, porque además del beneficio que genera la eximición impositiva, se ceden por un precio irrisorio tierras y agua y el uso de un puerto (San Antonio Este) por 50 años con una renovación automática una vez cumplido el plazo.

En una gacetilla de prensa, se explicó: “El acuerdo firmado por el gobernador de Río Negro presenta serias irregularidades y tiene visos de inconstitucionalidad ya que es el propio Estado el que le asegura más de 300 mil hectáreas, apoyo logístico, cobertura de todo tipo, el puerto, el aeropuerto de San Antonio y hasta el dictado de leyes acordes a esta empresa extranjera”.

“La preocupación que expusieron los disertante durante el debate giró en torno a cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia de Río Negro este acuerdo y al respecto, el proyecto de la mencionada Ley propone que al ser la tierra un recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, se impone dictar una legislación tuitiva para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos renovables”, finaliza el texto.