Mas allá de esa simulación, como muchas otras que conforman el relato oficial , el proceso que se ha puesto en marcha tiene un alcance mucho más amplio que el anunciado como un golpe de efecto. Porque si nos atenemos a las palabras del ministro de Economía, a partir del 1° de enero los usuarios deberán pedir expresamente recibir servicios subsidiados . Si no lo hicieran, en una declaración jurada que llegará a los domicilios, deberán pagar la tarifa plena.

Aquellos que lo soliciten, serán auditados por inspectores sociales y por la propia AFIP , además de estimular un sistema para que los vecinos denuncien a aquellos que reciban servicios con subsidios y no los necesiten por su nivel de ingresos .

La tarifa, como De Vido subraya, no se modificará. Pero los usuarios pagarán mucho más por el gas, luz y agua.

El abandono del régimen de subsidios comenzó con las empresas, cuyo impacto más temprano que tarde se reflejará en los precios , y se extiende ahora a los usuarios residenciales.

El Gobierno quiere hacer todo lo posible para no pagar costos políticos por una decisión que surgió porque el sistema es ya insostenible.

Los anuncios tienen puntos ciegos que deberán ser aclarados. Como por ejemplo los servicios de los departamentos alquilados , los que habitualmente están a cargo del inquilino. En ese caso, ¿a quién le quitarán los subsidios? ¿Al dueño o al inquilino?