Vecinos de Luro entre San Juan y Olazábal describen lo que ocurre viernes y sábados, en particular en y alrededor de un boliche llamado La Cumbre: tiros, gente literalmente molida a patadas en la calle, grupos que se enfrentan por mujeres, territorio o venta de drogas. Ocurre a diario que delincuentes de toda laya y tenor, edad o antecedentes, ingresan a domicilios, atacan a ancianos, someten a mujeres, roban y matan impunemente.

El asesinato de Nadia Torres se vendió mediáticamente como una venganza por celos. Sin embargo, su ejecución de un tiro en la nuca responde a otras razones. Una fuente sostiene que entre sus panties, Nadia llevaba bagullos de cocaína. Hugo Toso, vecinalista, dio su propio Grito de Ipiranga: "Ya no se puede vivir en este barrio: hubo tiroteos en el patio de la Escuela Nº 10 entre un prófugo y la policía; pibes que hacen de presionar a otros pibes un modo de vida… Ya no se puede más". Consultado en la 99.9, Toso detalló: "Hay cuando menos entre 35 y 40 menores que asuelan el barrio, pelean entre ellos, se disputan espacios y tienen a maltraer a todos por aquí". En la reunión que se realizó en la sociedad de fomento participaron jefes policiales más el titular de algo que debiera tener que ver con crear condiciones de seguridad ciudadana, César Ventimiglia, quien señaló que deberían crearse corredores seguros en horarios de ingreso y egreso de la escuela. Concurren a esa escuela 600 alumnos: ¿cuánta gente hace falta para arbitrar este esquema a diario? En el otro extremo de la ciudad, barrio Hipódromo, un desaforado Alberto Mayo denunciaba un nuevo robo a la sociedad de fomento. El magro botín: una garrafa de 10 kilos y una computadora que de tan vieja no se sabe si en verdad sirve para algo. Dañar, robar, abusar. En este escenario de criminalidad creciente, un hombre de bien -no lo dudo-, el defensor oficial Juan Fuscaldo, ha declarado que hay discriminación hacia los menores, que se aplican condenas muy severas que superan, por ejemplo, las de Brasil. Dice Fuscaldo que en Brasil, por asesinar a una persona, la condena máxima es de tres años. ¿Cuánto vale una vida? Si Brasil condena a tres años por el homicidio de un semejante, ¿esa es la medida? Aquí hay un debate fundamental: la naturaleza y entidad de los derechos humanos. La aplicación literal del concepto tal como se lo entendió en los 80 debe ser revisada. No sólo se trata de reformas al Código Penal, sino de introducir de una buena vez racionalidad en las decisiones en democracia. El sistema es para dar justicia a las víctimas, pero hoy sirve para engordar el bolsillo de funcionarios públicos y llenar las arcas de unos pocos con negociados de compra de equipos y sistemas que por sí solos no dan respuesta alguna a la sociedad.