La resolución emitida a días de los comicios por el organismo fiscalizador que, volviendo sobre sus pasos, ahora decidió prohibir que los fiscales voten en las mismas mesas que les asignen para controlar, generó fuertes críticas desde el arco opositor.
La polémica medida, que, según el órgano fiscalizador, apunta a aventar las sospechas sobre un posible doble voto por parte de los fiscales (tanto en la mesa en la que están empadronados como en la del establecimiento que les asignen), surgió a días de las elecciones provinciales del próximo domingo 28, lo que acrecentó el malestar de la oposición.
Según el candidato a gobernador por el Acuerdo Cívico y Social, José Cano, "estas idas y vueltas suceden por la ausencia de calidad institucional en Tucumán, donde la JEP se maneja de acuerdo a las indicaciones del gobernador José Alperovich".
El senador nacional por la UCR adelantó a EL SIGLO que mañana elevará "una presentación judicial ante estas modificaciones vergonzosas en las reglas de juego a pocos días de las elecciones, que no hacen más que reforzar las sospechas sobre la falta de transparencia de los comicios".
Según consideró Cano, "esta medida (sobre los fiscales), junto a la que habilita el voto abrochado (de los acoples a la lista oficial), son muestras claras de la mala calidad de las instituciones y deja en evidencia que la JEP pone la mayor cantidad de trabas para la fiscalización, con lo cual se corre riesgo de que resultado electoral no refleje la voluntad del electorado", insistió.
Finalmente, apuntó que "después de ocho años de gestión, Alperovich demostró que tiene un profundo desprecio por la calidad institucional y las normas. La Legislatura y el Poder Judicial, al igual que ahora la JEP, pasan a ser oficinas del Poder Ejecutivo, que disponen lo que ordena el zar Alperovich conforme a sus conveniencias", lanzó.
Por su parte, el legislador provincial y candidato a Gobernador del Partido Republicano, José Luis Bussi, tildó de "poco serio el trabajo de la JEP, que salió con este disparate que contradice no sólo la legislación electoral provincial vigente, sino también el articulo 58 de Ley Electoral Nacional que dispone explícitamente que los fiscales de mesa de los distintos partidos deben votar en la mesa que tienen asignada para controlar", argumentó.
“Pagar el pato”
Además, el opositor planteó que "si el Estado fue cómplice al no retirar los documentos que sustituyó por los nuevos DNI para evitar el doble voto por parte de los fiscales, no tenemos por qué pagar el pato los partidos políticos".
Para Bussi "esto es lisa y llanamente la antesala a un fraude electoral, porque ningún partido, excepto el oficialismo, puede reclutar la cantidad necesaria de fiscales para tener presencia en todas las mesas de la provincia".
El parlamentario anticipó a este matutino que desde su partido van "a recurrir judicialmente esta medida" y advirtió: "Si es que esta resolución se sostiene, voy a hacer un escándalo político”.
Por otro lado, sostuvo que desde la JEP "están borrando con el codo lo que escribieron con la mano. Está todo hecho a propósito para entorpecer el accionar de los partidos políticos y confundir al electorado", sentenció.
Reclamo de la izquierda
En tanto, el postulante a la Gobernación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Daniel Blanco, coincidió en que "las última disposición de la JEP relativa a los fiscales de mesa, que deberán votar en donde figuran en el padrón, no sólo es contraria al Código Electoral Provincial, sino que dificultará la fiscalización de los comicios por parte de las organizaciones que no disponen de millonarios recursos para alquilar fiscales 'a piacere' y tienen que actuar con voluntarios".
Tras recordar que "la JEP sostiene que adopta esta medida ante la proliferación de documentos y de esa manera evitar el doble voto", Blanco aclaró que "si no se puede fiscalizar, lo que en realidad va a provocar es que miles de electores no van a poder votar, pues no van a encontrar las boletas electorales, como ha ocurrido en todas las elecciones donde una organización política no cuenta con fiscales de mesa".
En este sentido, el dirigente de izquierda recordó que "en las recientes elecciones primarias, se respetó que los fiscales de mesa pudieran votar donde fiscalizaban y no hubo ninguna denuncia de doble votación u otras irregularidades".
Finalmente, Blanco señaló que "con el mamarrracho del voto abrochado la JEP se aviene a los reclamos de los acoples, pero no actúa de la misma manera ante el pedido de separar en el cuarto oscuro a los votos de los acoplados de los votos de las organizaciones que van sin acoples, o a un mecanismo de control en el traslado de las urnas, antes y posterior al comicio. Estamos en presencia de un proceso electoral viciado y que, como ocurrió en el año 2007, lleno de normas que sólo puede concluir en una elección fraudulenta", disparó.
“No es un tribunal
independiente”
A su turno, el abogado constitucionalista y candidato a legislador del Partido Socialista, Rodolfo Burgos, dijo a este diario que "las recientes resoluciones de la JEP, rompiendo las reglas del proceso electoral a días de las elecciones, demuestran que no es un tribunal independiente".
A propósito, consideró que "mientras Antonio Estofan (presidente de la JEP) y Mabel Concha (vocal) no se aparten, el Tribunal es dirigido desde la Casa de Gobierno desoyendo, una vez más, la orden judicial de la sentencia que ellos mismos consintieron".
Según el dirigente opositor, esta "no se trata de una aspiración esotérica, porque sin tribunal imparcial no habrá elecciones genuinas ni auténticas, como ordenan los tratados internacionales. Estofan y Concha son juez y parte porque siguen las instrucciones de Alperovich que es el principal interesado en el resultado de las elecciones", espetó.
Por último, Burgos apuntó que "ninguna Junta puede arrogarse facultades que son de la Legislatura y menos ésta que está sospechada de evidente parcialidad".
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