Este lunes se presentará un pedido de jury de enjuiciamiento contra el magistrado Claudio Bermúdez.
Además de la acción de la Multisectorial, la cartera sanitaria interpuso un recurso de apelación y un grupo de legisladores presentaron la denuncia penal por prevaricato para que el juez se inhiba a seguir actuando en la causa presentada por el Partido Demócrata Cristiano y deje sin efecto la medida cautelar.
Desde los sectores que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo (incluso en los casos contemplados como no punibles en el Código Penal, desde 1921) expresaron su apoyo a la decisión del magistrado. Y celebraron que acciones similares se estén dando en diferentes provincias.
Llamado de atención
La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, el Inadi, el Área Mujer de la Municipalidad, el Programa Género de la Universidad Nacional del Litoral y más de 60 instituciones se expresaron el miércoles sobre la medida y criticaron que la decisión de Bermúdez no respete lo definido en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. En esa definición del máximo tribunal se estableció que no se debe penar a quienes practiquen abortos a mujeres víctimas de violación y que no se deben judicializar los procedimientos. Además se instó a los gobiernos provinciales a adherir al protocolo nacional que marca la sola necesidad de una declaración jurada de la mujer para poder acceder a la interrupción de la gestación.
“Desde la delegación Santa Fe del Inadi tenemos una profunda preocupación por la falta de respeto que tienen algunos jueces con respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia y a los derechos humanos de las mujeres”, indicó a Diario UNO, Stella Vallejos y agregó: “Esta situación es muy alarmante porque siempre se termina revictimizando a las mujeres. Vemos que se repiten situación que son señales de alerta. Lo que sucedió en la Ciudad Atuónoma de Buenos Aires ocurre ahora en Santa Fe y en distintos lugares del país. En ese sentido, pienso que sirve y es muy buena la reacción de quienes se oponen y repudian ese tipo de situaciones”.
En el mismo sentido se expresaron una gran cantidad de referentes de la lucha por los derechos de las mujeres quienes, además, llamaron la atención sobre que la suspensión del protocolo sea en aquellos casos en que la decisión está en manos de las propias mujeres, ya que la medida cautelar no afecta los casos en los que los médicos certifican que está en riesgo la vida de la madre.
Acciones en distintos lugares
En la vereda de enfrente, los grupos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo fundamentaron la decisión del juez en la defensa de la gestación del embrión.
Consultada sobre si los avances que se han dado en países como Uruguay –que aprobó el aborto hasta la semana 12 de embarazo– implican que se está marcando un camino a nivel internacional, la psiquiatra María José Mancino (de la ONG Médicos por la Vida) sostuvo: “Que la legislación de un país apruebe el aborto, no significa que sea bueno. Más bien preocupa que los derechos humanos fundamentales dependan de una mayoría circunstancial para ser reconocidos o rechazados. Cuando el derecho a la vida depende de la voluntad de un puñado de personas, más bien indica un rasgo autoritario. No podemos dejar de comparar esta situación con la vivida en el régimen nazi, donde las mayores atrocidades cometidas contra la vida y dignidad de las personas, contaban con respaldo legislativo. Ello demuestra que el sólo contenido formal de una ley no alcanza para hacerla legítima”.
Es necesario tener en cuenta que la presentación del Partido Demócrata Cristiano no está aislada. En Córdoba, la ONG El Portal de Belén –que en 2002 había pedido la suspensión de la llamada píldora del día después en esa provincia– logró que se dictara una medida cautelar para suspender también la aplicación del protocolo de atención para abortos no punible de la Nación. Y la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires un grupo de manifestantes buscó impedir que una mujer que había sido víctima de redes de trata de personas se realizara un aborto.
La mirada sobre el juez
Sobre los pasos a seguir, Paula Condrac –abogada de la Multisectorial, junto a Lucila Puyol y Guillermo Munné– señaló que mañana se presentará el jury de enjuiciamiento contra Bermúdez, el mismo se fundamenta en la “ignorancia manifiesta del derecho”. En ese sentido, indicó que, para el procedimiento, se deberá conformar un tribunal que estará integrado por dos abogados, un senador y un diputado.
“Las sentencias y los fallos deben dictarse conforme a las leyes vigentes, conforme al derecho positivo que rige en el país. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un derecho vigente que el juez no puede desconocer”, marcó Condrac.
Por otro lado, Eduardo Armas –de la ONG Por Venir– indicó: “Me parece que se inscriben dentro de una serie de presiones políticas y de sectores sociales hacia el sistema judicial. El Jueves, el doctor Ricardo Lorenzetti dijo que la «Justicia no se iba a dejar presionar». Vemos en las acciones penales y judiciales contra Bermúdez, así como contra la jueza porteña, una persecución sistemática. Los jueces son, o deberían ser, independientes de los otros poderes del Estado, y también, como dicen respetados jueces y juristas, de las opiniones de sus superiores, puesto que los fallos de la Corte no son obligatorios, conforme nuestro ordenamiento judicial. En muchísimas ocasiones, los jueces fallan de una forma distinta al criterio de la Corte y no vemos este tipo de persecución y hostigamiento. En ese sentido, creo que el Colegio de Magistrados, junto a las autoridades políticas, deberían manifestarse en defensa del Poder Judicial y del Sistema Republicano y democrático”.
Esta semana será clave en la provincia. Por eso es necesario dar un debate amplio sobre las luchas de poder que dejan en el medio la vida y los derechos de las mujeres.

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