Por pedido de un grupo de empleados que vieron afectado su derecho a trabajar a causa de un conflicto que les es ajeno, la Justicia aceptó dejar sin efecto una medida cautelar que había ordenado reincorporar en sus puestos a varios trabajadores despedidos. Aquella decisión había derivado en la paralización total de la planta fabril en cuestión, dada la renuncia de los jerárquicos y la reacción adversa de otros empleados. Con una nueva cautelar, se dio ahora la orden de reactivar la producción, algo que está previsto para hoy.

El insólito caso involucra a la firma Teltron, radicada en Río Grande, Tierra del Fuego, que mantiene cerradas sus puertas desde el 12 de septiembre, a consecuencia de un conflicto protagonizado por afiliados a un sindicato de la CTA.

Según dijo a La Nacion Alejandro Di Sabatino, la firma fabricante de CD y DVD estuvo convocando a los trabajadores y la reapertura está prevista para esta mañana.

La orden de retomar las actividades fue emitida por la jueza Edith Miriam Cristiano. En su resolución, la magistrada dispone anular otra cautelar dictada también por ella, en la que ordenaba reinstalar en su puesto a nueve trabajadores que habían sido despedidos, acusados de bloquear durante 28 días, entre mayo y junio, el ingreso a la fábrica. Tal como informó La Nacion el 1° de noviembre, la orden judicial provocó la renuncia de personal ejecutivo y el aviso de retención de tareas por parte de varios empleados no directivos que habían rechazado el bloqueo de sus compañeros.

Los despedidos están afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Plástico y Afines (Stipa), de la CTA. Sus protestas se habían originado por supuestos tratos "humillantes" en la revisación al egreso de la planta por parte del personal de seguridad, algo que la empresa niega. La denuncia sobre ese comportamiento y la negativa de esos empleados a ser inspeccionados fueron sucesos que siguieron, a su vez, al despido de un trabajador (afiliado a ese gremio) acusado de hurtar materiales usados en la fabricación de los discos. Ese hecho se está investigando en la Justicia, a la que la firma aportó videos.

"Víctimas de lo irracional"

Tras reconocer los efectos negativos de la medida de reinstalación, la jueza aceptó la demanda presentada por un grupo de trabajadores, considerados "víctimas de un acontecimiento que consideran irracional". Según el fallo, antes que proteger el derecho al trabajo de nueve personas, se puso en riesgo el de otras 29.

La medida que ordenaba que los despedidos volvieran a sus puestos fue reemplazada por un embargo de hasta $ 485.000 de bienes de la empresa, por las posibles indemnizaciones que podría haber una vez que haya sentencia en el juicio referido a esas cesantías. La empresa había ofrecido ya pagar compensaciones, pero la propuesta fue rechazada.

"Teniendo en cuenta que el contexto fáctico se ha agravado y difiere totalmente de la situación en la que se hizo lugar a la reinstalación de los integrantes de Stipa, es dable recordar la condición de mutabilidad de las medidas cautelares", sostiene el fallo, al explicar el giro en la decisión judicial..