Si hablamos del contexto general, se trata de un caso viejo. No obstante, resuena aún en la memoria de los marplatenses por lo doloroso de su naturaleza, tanto como por la ausencia total de resultados en las investigaciones realizadas. Se trata de la desaparición de varias prostitutas de la ciudad, que dio lugar a una variedad de mitos urbanos habidos y por haber, con bastante poco sustento en la realidad, y menos incluso en las pruebas que el derecho requiere. Un manto de silencio pareció rodear durante años la situación, y más de una vez se ha cuestionado si la lentitud e ineficiencia con la que había actuado la justicia estaba ligada más a la naturaleza de las víctimas o a la importancia social de algunos sospechosos.

“¿Quién no ha ido de putas alguna vez?” fue la frase célebre con la que un juez federal de la ciudad decoró verbalmente las implicancias de un proceso cuestionable. Se trataba del afamado Roberto Atilio Falcone, que reveló así por qué le dicen “El Lobo”.

Lo que dejaba sin atender era el dolor, sobre todo porque se investigaba precisamente la desaparición de la joven Verónica Chávez. A ella se la había tragado la tierra, pero se había encontrado su agenda, en la cual decía: “Marcelo (abogado) Chevrolet Corsa 5187, Poder Judicial”. Las evidencias aseguraron que la indicación se refería expresamente a Marcelo García Berro, entonces fiscal del mencionado Tribunal Oral Federal. Hubo fotos comprometedoras del coche, y muy poca claridad en lo relativo a las escuchas telefónicas.

La cuestión es que la acusación sobre el fiscal se redujo a una figura específica: encubrimiento, dado que nunca hubo el más mínimo hallazgo que permitiera dar al expediente una carátula comprometida. Marcelo García Berro fue suspendido en sus funciones en el TOF en agosto de 2002, y en 2004 fue destinado a los tribunales de San Martín. Aquí, en la ciudad, la causa tenía todos los ingredientes necesarios para que uno y otro sector sacaran a relucir las uñas. Así se pusieron en marcha las fuerzas encontradas, para hacer circular un expediente por reglas del capricho que no se condicen con la ley.

La causa de las prostitutas era turbia, nombraba a más de un proxeneta, y encima insinuaba que los poderosos consumían tales servicios de manera asidua. Se hablaba de protección policial paga o morosa, y para colmo de males, el defensor del fiscal sospechoso era César Sivo, uno que se dice derecho y humano, pero todavía no ha podido explicar las razones que lo obligaron a salir de su cargo de secretario del juzgado de José Antonio Martinelli, después de dos fuertes sanciones de la Auditoría de Control de Funcionarios y Magistrados de la Suprema Corte de la Provincia.

Sivo dio muestras de que su discurso sobre los derechos humanos no va más allá de las fotos para la prensa. En el proceso, sus afirmaciones estuvieron más cerca que nunca del general Jorge Rafael Videla: “el desaparecido no está, es una entelequia, no está ni vivo ni muerto”. Casi lo mismo dijo Sivo: “De hecho ni siquiera puede aventurarse que Verónica Chávez murió, si está viva, si está herida, más o menos enferma, internada, dentro de un hospicio, enclaustrada, secuestrada, con gripe o con diabetes”.

Mal que pese a todos los que desearían haber identificado a los culpables, ni el cuerpo ni las pruebas del delito aparecieron jamás. La causa contra García Berro prescribió, ya que se extinguieron los tiempos de los cuales la justicia disponía para llevar adelante acciones legales en su contra.

No, no y no

Pero como el circo judicial local no gana para sustos, el fiscal general de cámaras Daniel Adler decidió que la prescripción no le parecía correcta. Y para impedirla creyó que bastaba con decir que se trataba de una causa que implicaba graves violaciones a los derechos humanos: los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Palabra divina, lo dio por hecho. Pero claro, no todo el mundo está dispuesto a entender que de la boca del fiscal Adler sólo salga la verdad revelada. Sobre todo si no es verdad, ni revela nada. Ya la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, por mayoría, había resuelto declarar la prescripción. Pero como al fiscal no le alcanzó, recurrió a la Cámara Nacional, integrada por Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci.

Este medio ya se había ocupado de detallar cómo actúa el fiscal Adler, y su curiosa facilidad para remedar al tristemente célebre Andréi Vyshinsky, fiscal general de la URSS, que usando el derecho a su antojo se especializó en la retórica caprichosa de destruir al acusado a través de las acusaciones ofensivas. Fue quien sentó las bases de los juicios por traición.

Pero lo más interesante del fallo nacional no es únicamente el resultado, que obviamente incluye un sopapo en las fauces de Adler y su propuesta autoritaria. Además revela con precisión cuáles son las estrategias que el fiscal ha decidido poner en práctica para decir una mil veces: acá se hace lo que yo digo.

El primer fundamento corresponde a Mitchell, que le dice al fiscal general que si quería oponerse debió cuestionar la calificación legal asignada al imputado: el encubrimiento es un delito autónomo, que nada tiene que ver con las razones invocadas. Además, agrega, la gravedad de cualquier violación a los derechos humanos es indiscutible, pero el fiscal omitió explicar cómo se relaciona la acción de García Berro con tales delitos.

El juez Luis García, por su parte, indica que Adler no puede demostrar interés directo suficiente para cuestionar esta prescripción. Y por otra, llama la atención sobre el particular accionar del fiscal, que pasa a detallar. Relata que el fiscal federal subrogante, Claudio Kishimoto, había sido quien se ocupara de fundamentar las razones que hacían legal la prescripción, ya que habían trascurrido los tres años que marca la ley como límite para sostener el proceso por encubrimiento. Pero sorpresivamente, él mismo cuestionó después la limitación que él había presentado. Cuando interpuso su recurso, afirmó que actuaba conforme a instrucciones verbales impartidas por un fiscal general que no identificó: “en función del principio de unidad de actuación del Ministerio Público”. Obviamente, era Adler.

Yo no fui

Adler se defendió diciendo que él no había dado una instrucción verbal manifiesta al fiscal Kishimoto, sino que simplemente lo había puesto en conocimiento de la opinión emanada de los dictámenes del procurador nacional. El juez García calificó ese concepto monolítico de “unidad” como un “escándalo”: “el ministerio público (…) no deja de ser uno por el hecho de que la representación sea múltiple y organizada jerárquicamente, y de que sus representantes puedan tener posiciones jurídicas discrepantes sobre una cuestión puesta a decisión de los jueces”. Es decir, no funciona así.

En síntesis, los que los jueces le dicen a Adler es que no se ocupó de lo que hubiera debido hacer para que la ley le diera un espacio a la discusión. Se quiso poner en el papel de dar órdenes de arriba, como si así no fuera necesario trabajar. Como si por poner en su boca la frase mágica de los derechos humanos estuviera todo dicho.

No es novedad: las últimas actuaciones de este fiscal en la ciudad ya lo habían puesto en el lugar de un totalitario que cuanto más interviene, más se aleja de las normas. A cualquiera le preocupa que pase el tiempo, pero los caminos más equivocados son los de las falsas corporaciones. Ni hablar de quienes se paran en el mejor de los fascismos históricos para hacer que la ley diga lo que quieren que diga.