El mes pasado ya pasó a la historia de la capital paulista como el “octubre sangriento”.

Un récord de asesinatos enlutó los barrios de esta ciudad y sus aledaños. Las víctimas de esta espiral de violencia ascendieron a 145 por mes, lo que representa una tasa de 4,7 homicidios por día, se supo ayer. Con un basto operativo policial, desencadenado ayer por la tarde en tres favelas paulistanas, el gobernador Geraldo Alckmin pretende retomar el control de una situación que está por convertirse en un boomerang político.

Precisamente, el mandatario acordó con la presidenta Dilma Rousseff una acción coordinada entre el Ejecutivo provincial y el nacional. Dilma llamó directamente a Alckmin y esa actitud presidencial permitió destrabar una disputa incipiente entre ambas administraciones. El acuerdo de operar conjuntamente allana la salida para el atolladero, lo que conviene a ambos.

La jefa de Estado entendió que era imprescindible eliminar los antagonismos.

En parte debido a las elecciones del domingo último, hubo una polémica pública entre el ministro de Justicia de Dilma, José Eduardo Cardoso y el secretario de Seguridad paulista Antonio Ferreira Pinto. El ministro había dicho que el gobierno federal ya le había ofrecido ayuda a Alckmin, pero que ésta fue rechazada.

Ferreira Pinto negó la oferta y cuestionó el supuesto oportunismo del funcionario federal, a quien acusó de querer aprovechar el momento con fines electoralistas. Ese enfrentamiento, según especialistas consultados por la prensa brasileña, no fue otra cosa que “una disputa político-partidaria”.

El miércoles, soldados de la policía militar ocuparon una de las grandes favelas de esta ciudad: Paraisópolis. Y ayer por la tarde entraron en otras dos: Campo Limpo y Capao Redondo. Fueron 300 hombres que ingresaron en estos barrios de la periferia, pero sin un plan para permanecer en el lugar. En principio, según las fuerzas de seguridad, el objetivo era detener a las cabezas de las bandas delictivas, vinculadas al Primer Comando de la Capital, una red organizada entre mafias que actúan en el tráfico de drogas de esta metrópolis.

Según afirman los expertos, la única manera de aminorar la violencia y conducir un combate exitoso contra la delincuencia es pensar en un trabajo de meses. “Deben ser alejados hacia presidios federales algunos de los principales jefes del PCC que aun detrás de las rejas controlan las acciones de esa organización”, señalaron.

Precisamente, ése fue uno de los temas que negociaron Dilma y Alckmin ayer por la tarde. Para concretar la iniciativa, el ministro de Justicia Cardozo vendrá a San Pablo la próxima semana.

Este año hubo un aumento de 86% en los homicidios . Y estos hicieron sus víctimas tanto en las filas policiales como en la población. El viernes, se informó que hubo 229 asesinatos de policías desde enero hasta el mes pasado en todo Brasil. De ese total, 98 murieron en la urbe paolista.

El Ministerio Público de San Pablo investiga en estos días delitos cometidos por policías militares que podrían estar involucrados en numerosos ajusticiamientos de personas inocentes en algunas de las favelas. Ese es el otro costado de esta nueva ola de violencia que vive la mayor metrópolis sudamericana.