El municipio de Rawson decidió poner punto final y prohibir que los vecinos arrojen escombros en las veredas, cunetas, banquinas y calles, por lo que cada uno deberá hacerse cargo del desperdicio, ya sea colocándolo en un contenedor o contratando un camión para su retiro.

Con la medida, la comuna evitará recoger más de 47 mil toneladas al año, según los datos que manejan en la Secretaría de Obras. La cantidad es impresionante y dicha recolección demanda más personal, retroexcavadoras y camiones contratados.

Al eliminar esa tarea y el uso de máquinas y movilidades, la gestión de Juan Carlos Gioja ahorrará 9,4 millones de pesos anuales que puede destinar a otros fines. La cifra está por encima del presupuesto participativo, el cual es de 8,5 millones y está destinado a obras que piden los vecinos, como el arreglo de plazas, veredas, calles y alumbrado público.

Además del ahorro económico, el jefe comunal destacó que la prohibición tiene como objetivo impedir que los montículos y montañas de escombros sean una trampa para peatones, motociclistas y ciclistas y que a su vez no actúen como tapones de las cunetas para que no se desborde el agua.

También resaltó que la finalidad es que el departamento no se vea “sucio” y que los materiales acumulados no sean resguardo de alimañas.

Gioja manifestó que el proyecto será elaborado y presentado en el Concejo Deliberante luego del inicio de las sesiones ordinarias, prevista para el mes que viene.

Hoy existe una ordenanza que establece que un vecino podrá dejar en la vía pública hasta medio metro cúbico de escombros (el equivalente a dos carretillas) y el municipio lo levanta de manera gratuita. Para ello, primero debe dar conocimiento a las autoridades comunales.

Si excede esa cantidad, debe contratar un contenedor o camión para depositarlos y tirarlos. Pero en la práctica terminan arrojando mucho más de lo fijado por la norma y el personal igual lo recoge en su totalidad.

Rubén García, secretario de Obras, informó que desde el año pasado y en lo que va de este vienen levantando 153 mil kilos de escombros por día en promedio, lo que al año representa más de 47 mil toneladas.

El trabajo que implica toda esa recolección insume un costo de 9,4 millones de pesos anuales, que podrían usarse para otro tipo de obras para los vecinos, señaló el funcionario. Además agregó que hubo un incremento de la cantidad de escombros de entre un 20 y 30 por ciento con respecto a 2015.

Gioja expresó que así como una persona tiene dinero para tirar una pieza o ampliar la casa, debe disponer los fondos suficientes para darle un buen destino a los materiales en desuso y no recargar de tareas a las comunas.

En ese marco, destacó que el proyecto establecerá que los infractores serán sancionados por el personal, que enviará los expedientes al Juzgado de Faltas.

De acuerdo al Código, el que arroje escombros será sancionado con una pena que va de 600 a 6 mil pesos, dependiendo de su reincidencia y agravantes y atenuantes que tendrá en cuenta el juez. El intendente señaló que incorporarán más inspectores.

En el municipio dan por descontado el OK de la iniciativa, ya que el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente en el Concejo. En la oposición, el ibarrista Fabián Olguín manifestó que “no está de acuerdo, porque lo que hace falta es control”.