El camino para la ratificación legislativa del convenio para promover la inversión y el desarrollo provincial parece haber quedado allanado por lo menos desde el punto de vista legal; de todas maneras la definición podría seguir demorándose, ya que el visto bueno del parlamento debería darse a través de una ley y no de una Resolución de Cámara. Ello porque el convenio en cuestión establece la obligación por parte de la Provincia de eximir del pago del impuesto a los sellos e ingresos brutos los contratos, obras y transacciones relacionadas con las obras a ejecutarse en el marco de este acuerdo con Nación, como así también implica una modificación al actual régimen de coparticipación a los municipios por regalías hidrocarburíferas.

La presencia del Fiscal de Estado, los vocales del Tribunal de Cuentas, el Ministro de Economía y la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno ante los legisladores Frate, Löffler, Urquiza, Wilder, Collavino, Furlan, Pluis, De María, Raimbault, López, Deheza y Marinello sirvió para despejar algunos interrogantes que el acuerdo rubricado por la Gobernadora y el ministro De Vido el pasado 15 de marzo había generado entre algunos de los integrantes de lo bloques opositores.

La exposición más interesante sobre el tema fue la del Fiscal, Virgilio Martínez de Sucre, ya que por ser uno de los ideólogos de alcanzar un acuerdo con Nación que prevé la transferencia mensual a la Provincia de recursos equivalentes al 50% de las regalías hidrocarburíferas producidas por la explotación de yacimientos de jurisdicción nacional ubicados en la plataforma continental adyacente a Tierra del Fuego.

El funcionario realizó un pormenorizado relato de las gestiones iniciadas a hace más de 10 años atrás ante Nación, y a la vez que evacuó las dudas que le fueron planteadas por parte de los legisladores de la oposición. Martínez de Sucre no sólo defendió las bondades que este convenio tiene para los intereses provinciales sino que también instó a los parlamentarios a no postergar la ratificación del mismo, para posibilitar la rápida implementación del fideicomiso contemplado en el convenio como herramienta de financiación conjunta de un ambicioso plan de obras viales, de infraestructura sanitaria, portuaria y energética.

El dato nuevo que surgió durante este encuentro fue la necesidad y conveniencia de que este acuerdo sea ratificado por ley de la provincia y no mediante una Resolución de Cámara, como es de práctica en este tipo de asuntos.

El fundamento para ello fue dado por el Fiscal de Estado, quien mencionó que al establecerse en el convenio un tratamiento impositivo diferencial ello obligaba a que esa eximición contara con respaldo de ley en atención a lo que dispone la Constitución en esa materia.

Por parte del Tribunal de Cuentas no se formuló cuestionamiento ni objeción alguna respecto del convenio. Sí se dejó en claro que el órgano de control intervendrá, en los términos previstos por la legislación local, en la auditoría de las obras que se realicen con los recursos provenientes del fideicomiso austral.

En cuanto a la intervención que tuvo la Secretaría Legal y Técnica en el tema, la titular de la cartera precisó que ese área se limitó a revisar el convenio para descartar la existencia de errores formales en la redacción del mismo, pero que no es de práctica que en la firma de convenio entre la provincia y terceros tenga intervención previa o emita dictámenes aconsejando el criterio a adoptar por el Ejecutivo.

Ante esta afirmación, y casi en tono irónico, desde la oposición se planteó que esperan que esta ley ratificatoria no sea cuestionada en su constitucionalidad argumentando la falta de intervención de esa Secretaría, en obvia referencia a lo sucedido con la ley que habilitó la venta directa de gas de regalías a Tierra del Fuego Energía y Química.

Modificación a la coparticipación de regalías futuras a los municipios

Tendiendo en cuenta que en el artículo 3 del convenio se determina que la Provincia debe destinar al Fideicomiso Austral el 50% de los ingresos por las regalías hidrocarburíferas que se obtengan de las áreas actualmente en curso de licitación y de toda otra que se explote sucesivamente dentro de su jurisdicción, la legisladora Urquiza (MPF) consultó el mecanismo de coparticipación a los municipios que debía aplicarse sobre las mismas.

La respuesta dada tanto por parte del Fiscal, el Ministro de Economía como de legisladores del oficialismo fue que las regalías afectadas al fideicomiso quedaban por fuera del régimen de distribución en vigencia; de allí que se insistiera en la necesidad de ratificar el acuerdo por ley, para dar así correcto marco legal a esta redefinición en materia de coparticipación de regalías futuras.