pero no lo es en modo alguno cuando se trata de evaluar las condiciones en que esa actividad deje el mejor rédito posible a Chubut y a su gente y evite las secuelas indeseadas de una industria que tiene un fuerte impacto”.

Ante ese escenario, Buzzi adelantó: “vamos a avanzar en crear un marco regulatorio provincial de la actividad petrolera a través de un proyecto de ley que enviaremos a la Legislatura” y aclaró que “no será para fijar condiciones ajenas a las nacionales, sino justamente para garantizar su cumplimiento en el ámbito que es de responsabilidad y jurisdicción provincial”.

Agregó que las compañías “están claramente invitadas a invertir y a producir, pero cuando asumen compromisos de explotación deben cumplir todos los términos de los contratos que firman. No se trata entonces sólo de sacar rédito, que es legítimo cuando se hace de acuerdo con la ley, sino que también es preciso ampliar la disponibilidad del recurso y eso exige que se ensanchen las reservas en la misma o mayor proporción en que las cuencas conocidas son explotadas”.

MINERIA

El gobernador también abordó el tema de la minería a cielo abierto y reconoció: “todos sabemos que los recursos naturales de los que hoy extraemos energía son limitados. Por eso, volcaremos nuestros esfuerzos a la investigación y el desarrollo de combustibles alternativos, que nos permitan enfrentar los desafíos del futuro, incluyendo nuevas fuentes como la eólica o la posibilidad de producir hidrógeno a partir del agua marina”.

“Otro tanto ocurre con la posibilidad de desarrollar la actividad minera. El debate que tenemos que dar es el de las condiciones en que puede llevarse adelante, dejando de lado posiciones de corte fundamentalista de uno y otro lado. La discusión no es por sí o por no, la discusión debe ayudarnos a fijar las exigencias sociales, ambientales y económicas que hagan posible el desarrollo sustentable de la actividad”, acotó el gobernador.

Buzzi explicó que “tiene que existir una licencia social, una licencia ambiental y una licencia económica que garantice un beneficio cierto para la comunidad y para el Estado”.