El martes 28 de febrero, se perdió el rastro del autobús, que pertenece al consorcio Casanare Avanzada, en una zona rural del municipio de Tame (Arauca), "donde, según informaciones, se presume fueron llevados los desaparecidos", informó la Fuerza Aérea, que envió "aeronaves de reconocimiento en la zona, con el fin de apoyar la búsqueda del vehículo y los pasajeros que desaparecieron".

El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, anunció una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (más de 55 mil dólares) para quien aporte información sobre los trabajadores o sus secuestradores.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, en el vehículo viajaban siete empleados de Casanare Avanzada, el conductor y su auxiliar. El periódico señaló que fueron interceptados por "hombres armados, al parecer, guerrilleros".

El alcalde de Tame, Octavio Pérez, declaró a los medios que en la zona actúan células de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero no señaló a ningún grupo como posible responsable de la desaparición.

Las FARC, la principal guerrilla de Colombia con unos 9.000 combatientes, anunciaron el domingo 26 de febrero que abandonaban definitivamente la práctica del secuestro extorsivo de civiles. El ELN, con unos 2.500 integrantes, tiene en Arauca uno de sus principales puntos de actividad y el año pasado fue responsable de alrededor del 10% de los secuestros registrados en Colombia, según un reporte de la ONG Nuevo Arco Iris basado en datos oficiales.

Los secuestrados trabajaban en la construcción del oleoducto Bicentenario, de 960 km de longitud e impulsado por la petrolera estatal colombiana Ecopetrol en el departamento (provincia) de Arauca, fronterizo con Venezuela y situado a unos 570 km al este de Bogotá.

Los trabajadores fueron identificados como Heriberto Mendoza Naranjo, Camilo Esteban Vega, José Javier Muñoz, Daniel Muñoz, Agustín González Romero, José Simón León y Bernardino Carrillo Lizarazu. La identidad del conductor es Édgar Rojas y su ayudante es un joven de apellido Ojeda.

En la mañana del miércoles 29, el Ministerio de Defensa había informado que los plagiados habían sido liberados, pero al mediodía del mismo día, el ministro Juan Carlos Pinzón debió aclarar que continuaban desaparecidos. Ninguna explicación sobre el garrafal error trascendió en la prensa.