Un intendente de la provincia de San Luis lleva una década en rebeldía con la justicia puntana y también con la de la Córdoba. Se trata de Normando Tavecchio, el jefe comunal de la localidad de La Punilla que fuera condenado en 2001 a pagar una indemnización laboral y actualmente se encuentra procesado por el delito de desobediencia a la autoridad.

Tavecchio está completando su segundo período en la conducción de esa pequeña localidad de 650 habitantes y a poco de tomar las riendas del poder la Cámara del Trabajo de Río Cuarto le ordenó que indemnizara a una vecina de Vicuña Mackenna -Olga Graciela Rodríguez- por la muerte de su esposo -Aldo Enrique Toledo-, quien trabajaba en negro en la panadería que Tavecchio explotaba junto a su esposa Liliana Dubini, antes de ser intendente.

Ambos fueron condenados porque Toledo falleció en un accidente de tránsito luego de ser arrollado en la ruta, cuando viajaba en su bicicleta desde Achiras hasta la panadería “La Clelia”, que funcionaba en la vecina población de La Punilla.

Sucedió la mañana del 29 de marzo de 1996 y cuando Tavecchio tomó conocimiento de que su empleado había fallecido y la persona que lo atropelló se había dado a la fuga, su primera reacción fue negar todo vínculo laboral con el infortunado peón.

Toledo tenía 37 años y dos hijos de 7 y 3 años. Su madre los crió con esfuerzo, y en condiciones económicas muy desfavorables se las ingenió para que pudieran continuar con sus estudios. Todo esto, sin contar con un empleo fijo ni una pensión.

A fuerza de perseverar, la viuda pudo demostrar en los tribunales riocuartenses no sólo que Tavecchio era el patrón de su esposo sino que, además, ella tenía derecho a que le abonara una indemnización porque el ayudante de panadero murió en un accidente laboral “in itinere”, es decir, cuando viajaba a cumplir con sus tareas.

Así lo ordenó el 25 de octubre de 2001 la Sentencia 129 de la Cámara del Trabajo de Río Cuarto, pero lo inexplicable es que, diez años después, Tavecchio sigue resistiéndose a cumplir con la Justicia, y ni siquiera se molesta en responder las intimaciones que llegan hasta su despacho municipal.

El 13 de junio de 2002 la suma que debía afrontar el intendente y su esposa ascendía a 79.543,58 pesos, pero ese monto quedó desfasado y habría que agregarle los intereses que se fueron sumando con el tiempo.

En un nuevo intento por hacer cumplir la medida, la justicia de Río Cuarto envió los antecentes al Poder Judicial de San Luis y se ordenó el embargo del sueldo del intendente y el de su esposa, que también se desempeña en la Municipalidad de La Punilla y en las próximas elecciones intentará ocupar el cargo que dejará Tavecchio.

Sin embargo, inexplicablemente, el funcionario decidió ignorar una vez más la orden.

Esa actitud fue lo que motivó que el Juzgado Correccional y Contravencional número 2 de Villa Mercedes procesara al mandatario por el delito de desobediencia a la autoridad.

El 12 de noviembre de 2009 la jueza Martha Vallica San Martín de Figari aseguró en su Auto Interlocutorio 763 que Tavecchio “no solamente desobedeció la orden de trabar el embargo sino que tampoco respondió cuando se lo intimó a que diera razón del incumplimiento, por lo que su conducta debe encuadrarse prima facie en el delito de desobediencia a la autoridad”.

Como si se tratara de un verdadero intocable, este funcionario no sólo se las ingenió para transitar dos períodos de gobierno sin que la mano de la Justicia lo alcanzara sino que se prepara para dejarle el poder su esposa, también involucrada en el incumplimiento.

A la viuda de Toledo, Graciela Rodríguez, no le quedan demasiados argumentos para seguir creyendo en la Justicia. Pese a que obtuvo un fallo favorable y hasta logró que se procese a la persona que demandó, nunca vio un peso, y la investigación sobre la muerte de su esposo jamás descubrió quién fue la persona que cegó su vida.