El Gobierno rechazó hoy en duros términos las últimas declaraciones del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que ayer había advertido que los medios de comunicación podrían ser alcanzados por la polémica ley antiterrorista que anteanoche sancionó la mayoría oficialista en el Senado.

Lo hizo a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que aseguró que en la Argentina el derecho a la libertad de expresión está "absolutamente garantizado".

"Eso es un disparate. Tiene mala intención quien lo dice", respondió el jefe de la cartera política cuando le preguntaron por la advertencia de Sbattella. Enseguida, en declaraciones a la prensa, añadió: "En este país cada uno dice lo que quiere sin límite, muchas veces se dicen cosas poco serias y ciertas".

Ayer, durante un reportaje con radio La Red, Sbattella aseguró que los medios podrían ser acusados de "aterrorizar a la población" en caso de difundir noticias que puedan provocar un retiro masivo de depósitos. "La ley antiterrorista no es para perseguir, es para que no vuelva a pasar un golpe de mercado ", dijo.

Audio: Entrevista a José Sbattella (La Red)

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La primera reacción a la polémica postura del funcionario corrió por cuenta del jefe del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Pichetto, que, tal como Randazzo hizo hoy, desmintió a Sbatella: "Ninguna nota periodística puede ser considerada como una acción terrorista".

Randazzo ahondó la desmentida de Sbattella. "La ley [antiterrorista] es precisa y contundente respecto del ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la información. Mucho menos puede decirse que esto está vinculado a la protesta social", argumentó. Y reiteró: "En este país cada uno dice lo que quiere sin ningún tipo de cortapisas".

Randazzó aludió así al corazón de las críticas opositoras a la nueva ley. Legisladores de distintos bloques advirtieron durante el debate parlamentario que la amplitud con la que está planteado el nuevo tipo penal referido a actos terrositas le abre las puertas a una interpretación discrecional por parte de los jueces y podría derivar en la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno.

"Todos y ninguno"

"El derecho penal necesita tipos penales cerrados que tienen que estar definidos muy claramente para que jueces no tengan discrecionalidad. La ley que impulsó el Gobierno establece como agravante que cualquier delito puede ser considerado terrorismo si aterroriza a la población. Ahora, todos somos terroristas en potencia, porque cuando nada es terrorismo todo lo es y viceversa", planteó el diputado del Peronismo Federal, Gustavo Ferrari en declaraciones a LA NACION.

En el mismo sentido, añadió: "Las leyes deben dar seguridad y no inseguridad jurídica. Sobre todo ante un gobierno que quiere perseguir y sancionar a los que piensan distinto. Las declaraciones de Sbattella me sonaron a advertencia a los que piensan distinto"..