El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ramón Ávalos, ratificó la política de descontar los días de paro en el Poder Judicial, en medio de nuevas jornadas de protesta que inició este miércoles la Unión de Trabajadores Judiciales (UTJCH) y que se extenderán hasta el viernes.

“Estos paros se reiteran pero es la entidad gremial que nuclea la menor cantidad (de trabajadores) y la incidencia es mínima”, afirmó Ávalos en declaraciones a RADIO CIUDAD. “Nosotros seguimos con las decisiones adoptadas de hacerles los descuento. Este mes ya está ordenado cinco días de descuento. El que no trabaja no va a cobrar. Ejercen su derecho pero no van a cobrar el día no trabajado”, afirmó.

La UTJCH ya adelantó además que la semana entrante retomarán las medidas de fuerza el martes, a partir de las 10, hasta el jueves (el viernes es no laborable para los empleados del Poder porque es el día del Trabajador Judicial). A pesar de esto, Ávalos minimizó la incidencia que tienen estas acciones en la administración de justicia. “No llegan a 200 personas los que hacen paro, en un universo de 3300. Sino estaríamos nosotros y los abogados algunos planteos pero no es así. La incidencia es mínima”, sostuvo.

Ávalos remarcó que los planteos de protesta que tiene la UTJCH son “insostenibles”, apuntando principalmente al reajuste salarial del 54% que reclaman tras dictarse una sentencia positiva en el Caso Müller. “Pasa que ellos tienen planteos insostenibles como que el fallo del caso Müller se aplique a todos. Se desinforma a la gente. Uno lee los comunicados por los cuales hacen huelga y realmente son lamentables”, señaló.

Y explicó que “el fallo de Caso Müller explicamos que beneficia únicamente a este fiscal. Hay otras causas tramitándose por el mismo tema y hay que esperar que se pronuncien. Hay 1.400 empleados y funcionarios que hicieron juicios. Y son más de 3.000 los que trabajan”.

Cabe recordar que el denominado Caso Müller (bautizado con el apellido del exfiscal de la Justicia provincial, Gustavo Müller) fue una causa iniciada en 1991, cuando el por entonces Poder Ejecutivo de la provincia dispuso un aumento de 2.900 pesos –resolución 858/91-a los jueces provinciales. En tal momento se omitió la Ley de enganche Nº 2695 por medio de la cual debía trasladarse los aumentos al resto de los empleados del Poder Judicial chaqueño en porcentajes equivalentes.

Gran cantidad de demandas se presentaron aunque sólo progresó en una de ellas que tuvo su definición en diciembre del 2010 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso presentado por el Ejecutivo Chaqueño contra las sentencia del tribunal Ad Hoc provincial que había declarado la “ilegalidad” de aquella resolución frente a la conocida “ley de enganche”