RP.- ¿Cuáles son los motivos de esta nueva reunión de ex trabajadores de YPF?

En primer lugar, para ponernos del lado de la decisión presidencial sobre la estatización de la empresa. Nosotros, como ex trabajadores de YPF, no podemos estar afuera de esta lucha. Queremos que la empresa vuelva a ser del estado y tenga el control del crudo. No puede ser que en este país, en los últimos veinte años, de ser exportadores del crudo pasamos a ser importadores.

Esto es producto de decisiones de Repsol, encabezadas por su presidente Antonio Brufau y en conjunto con síndicos como Antonio Cassia, que además de ser sindicalista es empresario, juez y parte del manejo de Repsol YPF. Este señor no defiende a los trabajadores, defiende únicamente sus kioscos. Esto es muy claro: están con el gobierno o con la multinacional.

RP.- ¿Molestaron las declaraciones de Antonio Cassia respecto a la estatización de YPF?

A nosotros, como ex trabajadores y como defensores de los recursos de nuestro país, nos dolió muchísimo que diga semejante mentira. Declara que se invirtió y sólo lo hizo en la compra de barcos para venir a llevarse nuestras reservas.

Además, nos parece correcta la quita de 2 millones de pesos a las petroleras. Ese subsidio era un costo que pagaba el estado y no se vio reflejado en ninguna inversión.

RP.- ¿En cuánto beneficia esta decisión en relación al reclamo que llevan adelante ustedes por las acciones de la empresa?

Favorece mucho. Nosotros estamos reclamando que el sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburiferos -SUPeH- fue fidecomiso de nuestras acciones en los años 91 y 92. Antonio Cassia fue uno de los que dijeron que los trabajadores tenían que ser partícipes de la mesa de dirección de YPF y nunca fue así. Él es responsable y culpable de las acciones de los trabajadores.

Vamos a realizar una marcha el día 8 de febrero para concurrir a las puertas de la sede de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI-, en donde estarán los nueve gobernadores de las provincias petroleras junto a funcionarios nacionales, para decidir sobre la estatización de YPF.