De un día para otro, “nacionalización” dejó de ser una palabra prohibida para el gobierno español. Anoche, el Ministerio de Economía anunció que impulsará los trámites para convertir en acciones un préstamo por 4465 millones de euros otorgado en 2011 al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), con lo cual el Estado se quedará con el 100% de esa entidad financiera y el 45% de Bankia, el cuarto banco del país y el más expuesto a la crisis del sector inmobiliario, con 31.800 millones de euros en créditos y activos tóxicos. José Ignacio Goirigolzarri, flamante presidente de Bankia en remplazo del ex director del FMI, Rodrigo Rato, había sugerido ayer por la tarde que esa era la mejor opción para el banco que desde el lunes acumulaba una caída del 13% en la bolsa española, equivalente a 650 millones de euros.

Luego de que el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy protestara ante Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol y ante Bolivia por la recuperación de la principal empresa proveedora de electricidad en el país, ahora es su propio gobierno el que impulsa la nacionalización de una compañía de capitales privados que no cumplió con las expectativas. Se trata de BFA, casa matriz de Bankia, que funciona como un “banco malo” en el que se acumulan los activos inmobiliarios de siete cajas de ahorro golpeadas por la crisis financiera europea. De esta forma el gobierno, que ya había sido muy cuestionado en las últimas semanas por los anuncios de recortes por 10 mil millones de euros en las áreas de educación y salud, se metió de lleno en la conducción de un grupo de entidades financieras privadas que podría significarle una inversión equivalente a los últimos ajustes.

En el comunicado del Ministerio se afirmó que la conversión de la ayuda del Estado se efectúa porque se cree “improbable, a la vista de la situación de la entidad y de su grupo” que esté en condiciones de devolver en cinco años el dinero recibido. Ante ello, al Estado le corresponde requerir que la ayuda prestada se convierta en una participación, que en este caso supone la nacionalización del grupo y la toma de control de Bankia.

Con más de 10 millones de clientes y unos 400 mil accionistas, Bankia se creó en 2010 para colocar en la Bolsa los activos más atractivos de las siete cajas de ahorro que integran BFA en el marco del proceso de reestructuración del sistema financiero español auspiciado por el Banco de España, la autoridad monetaria ibérica. Rodrigo Rato, vicepresidente español durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) y director del FMI entre 2004 y 2007, fue nombrado presidente de la entidad en aquel momento. En julio de 2011 cotizó por primera vez en la bolsa madrileña, pero desde entonces su valor no paró de caer hasta cotizar ayer en su mínimo histórico: 2,13 euros la acción.

Antes de que se conociera el comunicado del Ministerio de Economía que confirmó el desembarco estatal en Bankia, el presidente Rajoy quiso calmar los ánimos de sus clientes y aseguró desde la ciudad portuguesa de Oporto, donde participaba de la XXV Cumbre Hispano-portuguesa, que “los nuevos gestores de Bankia analizarán su estado y el gobierno tomará las decisiones necesarias”. Palabras que ya encontraron correlato y que anticipan nuevas medidas para mañana, cuando se reúna el Consejo de Ministros. Se especula entonces que el Ejecutivo conservador proponga una nueva reforma financiera para regular la salida de los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras, que acumulan este lastre por valor de algo más de 180 mil millones de euros. También se estima que el Ejecutivo podría exigir provisiones más duras para los activos relacionados con la construcción.

El problema de los activos inmobiliarios de la banca, tras el estallido de la burbuja del ladrillo, ya trajo consigo la intervención o nacionalización de otras siete entidades financieras españolas, pero ninguna de ellas tan grande como Bankia.<