Rajoy no quiere más debates en torno a la corrupción en el PP

Acorralado por un escándalo de corrupción que amenaza incluso al presidente Mariano Rajoy, el Partido Popular (PP) de España hizo públicas ayer en su página web sus cuentas nacionales, desde 2008 hasta 2011, como estrategia para contrarrestar las denuncias periodísticas sobre una presunta “contabilidad paralela” en el partido y sobre el pago de sobresueldos a altos dirigentes.

“Todo lo que tenía que decir lo dije en una intervención que pudieron ustedes seguir, no voy a estar dándole vueltas a ese asunto, porque si no, no acabaríamos nunca”, disparó ayer Rajoy.

Las cuentas publicadas corresponden a los cuatro ejercicios que aún no están auditados por el Tribunal de Cuentas, mientras que las de 2012 aún no están cerradas. El vicesecretario general de estudios y programas del PP, Esteban González Pons, anunció esta publicación y subrayó que el PP es un partido “saneado, decente, escrupuloso y, desde luego, muy transparente”.

Según González, las cuentas reflejan que la fuerza “no necesita acudir a ingenierías financieras para salir adelante”.

Con esta publicación, los populares cumplen uno de los compromisos adquiridos tras estallar el llamado “caso Bárcenas”, consistente en la publicación de una supuesta contabilidad manuscrita por parte del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Informaciones periodísticas revelaron supuestos pagos en dinero negro a importantes dirigentes del partido, entre ellos, el propio Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno español desmintió las acusaciones y negó que él y otros miembros de la fuerza política hayan percibido retribuciones al margen de la contabilidad oficial.

Ayer, durante una cumbre europea en Bruselas, Rajoy evitó volver a referirse al tema y rechazó pedir perdón por el comportamiento de su ex tesorero. El mandatario dio repuestas ante la prensa, pero no pudo anular las denuncias en su contra.

Bárcenas está imputado desde 2009 en el llamado “caso Gürtel” sobre corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ligado presuntamente a cargos del PP, que estalló hace cuatro años tras una investigación conducida por el entonces juez Baltasar Garzón.

En febrero del año pasado, Garzón fue inhabilitado como juez tras haber sido condenado por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión de varios de los imputados en la causa española.

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