El déficit alcanzó el 8% del PBI, dos puntos más de lo previsto. El gobierno congeló los salarios mínimos y los sueldos de los estatales. Y revalorizó las pensiones por la inflación.
En una conferencia de prensa en la que no compareció el primer mandatario, la vicepresidenta y vocera Soraya Sáenz de Santamaría anunció que prácticamente tampoco el Estado contratará gente. “La desviación que se produjo respecto al déficit presupuestario es sustancialmente superior a la que había comunicado y comprometido el gobierno anterior”, afirmó la mano derecha de Rajoy, acompañada por el ministro de Economía, Luis de Guindos; el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la jefa de la cartera de Empleo, Fátima Báñez. “Estamos ante una situación que va a obligar a tomar medidas extraordinarias y no previstas”, añadió Santamaría, que dijo que el gobierno trata de “salvaguardar a los más desprotegidos frente a la crisis económica” y pretende “corregir el déficit público y volver a dinamizar la economía”.
En ese sentido, el Ejecutivo actualizará las jubilaciones un 1%, de acuerdo a la inflación prevista para el año que viene. A su vez, mantendrá los subsidios de 400 euros a los desempleados, que suman más de cinco millones de personas en la Península Ibérica. Al respecto, el ministro Montoro afirmó: “No podemos pedir sacrificios a quien no puede dar más”. Y, para que el impacto de los recortes no sea demasiado traumático, se congelarán las tarifas de energía eléctrica.
En tanto, el gobierno también anunció que subirá los impuestos. Según el proyecto del Ejecutivo, los españoles de mayores ingresos deberán pagar más gravámenes de acuerdo al nivel de sus rentas, aunque la medida será temporal y se extenderá durante los próximos dos años de gobierno. También aumentarán los tributos destinados a los bienes inmuebles.
El Ejecutivo impulsará otras medidas no tan impopulares, como la reducción en un 20% de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. El Partido Popular pretende tranquilizar a los mercados con la presentación de un plan ambicioso y duro que ordene las finanzas públicas y que, al mismo tiempo, reactive una economía estancada y en crisis. Sin embargo, lo peor aún está por venir, ya que desde el gobierno advierten que este no será el único ajuste, sino que habrá otro aun más pronunciado en marzo, cuando se rediseñe el presupuesto de 2012.
Durante su investidura, Rajoy anunció recortes presupuestarios por 16.500 millones de euros si el déficit se situaba en el 6% previsto, y, además, advirtió que la contracción del gasto aumentaría en 10 mil millones por cada punto porcentual más. Con un déficit del 8% del PBI, esto supone un recorte de unos 36.500 millones.
Al diseñar el plan de ajuste, el gobierno español no destinó medidas para fomentar el empleo, que fue uno de los puntos centrales de su programa durante la campaña. Según informó el Ejecutivo esta semana, la economía ibérica entrará en recesión, al contraerse en el último trimestre de 2011 y en el primero de 2012. Aunque el PP logró una avasallante victoria en las elecciones del 20 de noviembre, las duras medidas de ajuste amenazan con desgastar la popularidad de Rajoy, el hombre que gobierna con la calculadora en una mano y la tijera en la otra.
Críticas de la oposición y los sindicatos
Mariano Rajoy incumplió ayer su primera promesa de campaña, al anunciar que aumentará los impuestos, cuando desde la oposición había jurado una y otra vez que no los tocaría porque una suba agravaría más la crisis. Desde la oposición, no tardaron en tirar dardos venenosos contra el primer mandatario conservador.
“El PP hizo una enmienda a la totalidad de su programa; ha cometido fraude con sus electores y ha engañado a todos los españoles”, aseveró ayer la vocera de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero. Después de una reunión de urgencia con el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la parlamentaria disparó: “El señor Rajoy les ocultó a los españoles que iba a subir los impuestos”.
En tanto, el duro plan de ajuste también provocó la indignación de la izquierda y de los sindicatos, que no descartaron movilizaciones. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, consideró que las subas impositivas que anunció el Ejecutivo son “injustas” e “inútiles” porque, sostiene, cargan el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables.


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