La marcha de organizaciones de derechos humanos que demandará hoy el inicio del juicio por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone se realizará luego de conocida una "contra marcha" de la jueza Marta Snopek: la magistrada levantó la suspensión del trámite de la causa, una medida que le valió que los querellantes la recusaran.
La convocatoria fue hecha por la "Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia", para concluir una semana de tensión motivada en la suspensión del trámite de la causa decidida por la presidenta del Tribunal.
Snopek había tomado esa medida tras una presentación del defensor oficial de Luciano Benjamín Menéndez, Federico Petrina, que planteó que su defendido no había tenido la posibilidad de optar por el viejo código de procedimiento, vigente cuando se produjeron los hechos, y por el que sería juzgado por escrito.
De inmediato, los querellantes recusaron a la jueza porque entendieron que había actuado con parcialidad. Recordaron que ya decidió un planteo idéntico a favor de Menéndez pero en una causa en Jujuy, y señalaron que ni siquiera la defensa había solicitado la paralización de la causa.
Al día siguiente de presentar su escrito, sin embargo, a los querellantes les llegó una cédula donde se les notificaba que la jueza había decidido, 24 horas antes de ser recusada, levantar la suspensión del trámite de la causa.
De todos modos, la jueza no puede tomar decisión alguna sobre la causa hasta que el Tribunal Oral no decida sobre su recusación, posiblemente la próxima semana.
Sólo después podría resolver también la cuestión planteada por Petrina, un último intento de los acusados por evitar la exposición propia de un juicio oral y público.
El levantamiento de la suspensión del trámite hizo que volvieran a correr los trámites del juicio. Acusados y querellantes tienen ahora que presentar al Tribunal las pruebas que intentarán hacer valer en el juicio, entre las que se incluirá el testimonio de no menos de cincuenta testigos.
La causa, reiniciada en 2004, tiene ahora 48 expedientes y 10 mil fojas.
Presión oficial
En la semana, el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió sumarse a la presión sobre el Tribunal Oral Federal. "Se debe solicitar a la justicia que el juicio por este delito de lesa humanidad, se esclarezca prontamente y que no exista mayor dilación en su resolución", dijo en una reunión de la Comisión de Acción Política del PJ que preside.
La CAP adhirió a la marcha convocada por la Asociación.
El gobierno provincial es, junto con la provincia y la Cámara de Diputados, uno de los querellantes de la causa.
Ayer, el ministro de Gobierno, Pablo Kosiner, insistió que la provincia ha ofrecido al Tribunal Oral Federal poveer la infraestructura necesaria para el juicio oral y público en el que se por descontado que participarán más testigos e interesados que en el juicio por la desaparición de Aldo Melitón Bustos.
"Lo que nosotros sí creemos necesario es una definición puntal de la fecha de inicio.
La causa no puede seguirse complicando desde el punto de vista procesal", señaló ayer a Nuevo Diario el funcionario.
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