La causa, iniciada por el Gobierno, había caído en manos del juez Oyarbide, quien, como lo hizo en otro caso que involucraba al secretario, decidió pedir su "inhibición"
Del mismo modo en que procedió en una denuncia contra Guillermo Moreno por parte de la despachante de aduana Paula de Conto, Norberto Oyarbide –quien sufrió una protesta en su domicilio en la que se lo acusó de favorecer con sus fallos al Gobierno– decidió excusarse cuando recayó en sus manos la presentación que el ministro de Justicia Julio Alak hizo por supuestas amenazas contra el polémico secretario de Estado en el marco de la convocatoria a un cacerolazo en la puerta de su casa.
La denuncia advierte que Moreno había sido "víctima de amenazas de muerte con tono mafioso e instigación a la violencia" por parte de un "grupo organizado de personas que, a través de internet, difundían un afiche digital con la figura del funcionario en un féretro, con una herida de bala en la frente".
La Sala II de la Cámara Federal consideró que el magistrado no tendría que haberse excusado, aunque entendió que su accionar sembró dudas sobre su imparcialidad, por lo que resolvió apartarlo de la causa.
El caso fue sorteado y recayó en el Juzgado Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien semanas atrás rechazó intervenir en la denuncia de De Conto, que terminó en manos del juez Ariel Lijo.
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