La ampliación de la acusación a "homicidio calificado por alevosía" y la detención o no de los procesados por crímenes de la dictadura, fueron el eje de la tercera jornada del juicio que se lleva adelante en San Rafael por la desaparición a mediados de la década del 70 de José Guillermo Berón, Roberto Osorio, Francisco Tripiana y Pascual Armando Sandoval, todos oriundos de este sureño departamento.

La defensa también hizo sus planteos, dos de los cuales fueron rechazados por el tribunal, como la suspensión del juicio por la ausencia del principal imputado, el general Luciano Benjamín Menéndez; y la recusación del magistrado Héctor Cortés por considerarlo imparcial al haber representado a las víctimas en procesos anteriores, denominados Juicios por la Verdad.

Hoy, desde las 10 retomará el debate con la decisión del Tribunal sobre la ampliación de las acusaciones, a la cual los defensores se opusieron por falta de pruebas durante el desarrollo de lo que va del juicio -todavía no hubo testimonios ni declaraciones-, y la detención de los imputados quienes continúan en sus domicilios pero bajo custodia de la Policía Federal.

Además se aguarda la declaración de Raúl Ruiz Soppe, quien era titular de la Regional II de Policía, ya que el resto de los imputados se abstuvieron de declarar.

La jornada comenzó alrededor de las 10.30 a sala colmada, pero con poca presencia de público en el exterior del edificio que cedió la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria -de la UNCuyo- para la realización del juicio.

Como durante los dos primeros días el Tribunal, presidido por Roberto Burad e integrado por Roberto Naciff y Héctor Cortés, tuvo ubicados a su izquierda a los imputados Ruiz Soppe; José Martín Mussere, que con el grado de oficial era el enlace entre las fuerzas militares y la policía; Juan Roberto Labarta, responsable del D 2 en la zona; Raúl Egea, abogado de la policía y el teniente Aníbal Guevara.

La ampliación

El fiscal Dante Vega fue el encargado de solicitar la ampliación de la acusación, que inicialmente era de privación ilegítima de la libertad. Así para Raúl Ruiz Soppe solicitó además imposición de tormentos agravada, homicidio calificado por alevosía, y por el concurso premeditado de dos o más personas, asociación ilícita, falsedad material y falsedad ideológica de instrumento público.

Mientras que para Aníbal Guevara, José Martín Mussere y Juan Roberto Labarta amplió la acusación por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas por cuatro hechos y en relación a las desapariciones forzadas de Tripiana, Osorio, Sandoval y Berón, además de asociación ilícita, todo en calidad de coautores y calificando los anteriores como delitos de lesa humanidad.

Para Raúl Egea Bernal sólo se le hizo una ampliación de acusación por el delito de asociación ilícita, a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones donde cursa otra causa, para evitar contradicciones en las sentencias. Esto fue rechazado por el Tribunal, aunque se solicitó a dicha Cámara que informe en el lapso de tres días sobre el estado de la misma.

Vega durante la solicitud de ampliación de acusación argumentó que a las víctimas "se las detenía por su ideología y no por su conducta" y que dada la jurisprudencia existente "no es necesario un cadáver para comprobar la muerte de una persona".

Controversia

Tras un largo cuarto intermedio se retomó el debate y fue allí donde los defensores Rufino Troyano -abogado de Ruiz Soppe-, Ramiro Dillon -defensor de Mussere, Labarta y Egea- y José Ricardo López, a cargo de la defensa de Guevara, señalaron que el juicio que se está llevando a cabo es por el delito de "privación ilegítima de la libertad" y no de "homicidio", consideraron que se trata de dos delitos diferentes.

Dillon remarcó además que no correspondería ya que la ampliación no es una corrección o modificación, sino que se trata de ampliar la misma. Además, dijo, que no hay un cadáver o un testigo de un fallecimiento que así lo permita. Por lo tanto, los defensores pidieron al tribunal que no se haga lugar al pedido de la fiscalía.

También los abogados de los imputados hicieron referencia al pedido de detención de sus defendidos y resaltaron que los imputados nunca debieron ni siquiera ser buscados por la policía para comparecer en tribunales, que habían cumplido la prisión domiciliaria sin violarla en ningún término, y que permanecieron dos años detenidos y obtuvieron la libertad por parte de la Justicia.