La Cámara de Comercio departamental se presentó ante el juez federal Raúl Acosta para pedir la suspensión del polémico decreto. Sin respuestas políticas, todas las fichas están puestas en la Justicia.
La entidad, de esta forma, desistió continuar acompañando al Gobierno provincial en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se constituyó con este acto judicial, que se concretó en la mañana de ayer, en parte actora.
El presidente de la Cámara de Comercio, Alejandro Salafia, al informar sobre el paso dado por la institución, aclaró que "la decisión no implica romper lazos con el Gobierno de Celso Jaque" sino que la idea es apoyar la presentación efectuada por la Fiscalía de Estado ante la Corte nacional pero, además, afianzar esa actuación con la de San Rafael, ya que el escenario en el Sur se presenta como más propicio para obtener una medida de no innovar, que suspendería automáticamente los efectos del decreto, generando el lapso necesario para abrir nuevas instancias de diálogo con el Gobierno nacional.
La entidad confía en que se hará justicia en el planteo y que se dictará la medida de no innovar que suspenda los efectos del Decreto 699/2010. Salafia, por otra parte, reclamó una mayor participación y acompañamiento de la comunidad para frenar los efectos del nuevo decreto de promoción.
El dirigente aclaró que en las reuniones en que participó la Cámara en Mendoza ante la convocatoria del Gobierno provincial, se adhirió a la acción declarativa de inconstitucionalidad por parte del Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza, ad-referéndum del directorio de su entidad.
Por ello y luego de que el directorio de la Cámara analizara la situación -y tomando en cuenta la gravedad del perjuicio que San Rafael ha tenido en los últimos treinta años por la aplicación de la ley de la promoción industrial en las provincias vecinas-, se decidió, junto a los asesores letrados, la presentación de la acción de amparo.
Por otra parte la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael considera que lo estipulado por el régimen de promoción industrial originalmente establecido por ley 22.021 (para la provincia de La Rioja), y luego extendido por ley 22.702 (a las provincias de San Luis y Catamarca) y por ley 22.973 (a la Provincia de San Juan) requiere de una acción de esta naturaleza para poner en foco una situación que debe terminar en 2012, para que las empresas sanrafaelinas puedan empezar a competir en igualdad de condiciones de una buena vez.
Asimismo el directorio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael dejó en claro que considera que, con esta acción, se refuerza la estrategia del gobierno provincial, la que conoce y comparte. Se entiende que la acción judicial es fundamental para discutir con el Poder Ejecutivo Nacional en igualdad de condiciones y, por lo tanto, que sumar una acción alternativa a la presentación del Ejecutivo provincial, aporta elementos de negociación.
La entidad empresaria estimó por último que tiene que ser cosa del pasado el rememorar cuántas empresas tenía el departamento sureño y cuántas se cerraron. "Es hora de que volvamos a defender nuestros intereses en pro de todo San Rafael y su futuro", indicaron los dirigentes de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. La entidad, según Salafia, espera que en 48 a 72 horas el juez resuelva el amparo.
Con la documentación presentada se acompaña un cuadro en el que se plantean ejemplos sobre los daños provocados a las empresas no promocionadas y los beneficios alcanzados por las empresas cubiertas con la medida nacional en las provincias vecinas.
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