Esta ha sido una de las semanas más candentes en materia judicial del último tiempo. Alejamientos, contradicciones y revelaciones impactantes sobre uno de los casos más atroces y dolorosos de la Olavarría reciente vuelven a hacer foco sobre una de las patas fundamentales del sistema democrático. Pero además, las estadísticas reveladas días atrás sobre el mapa delictivo en el Departamento Judicial de Azul obligan a replanteos que, sin embargo, las autoridades no parecen dispuestas a hacer.

El Departamento Judicial abarca once partidos. Olavarría está a la cabeza de las causas penales iniciadas durante todo 2009 y alcanza el 27,3 por ciento del total. Pero hay un detalle indiscutible. Olavarría contaba hasta esta semana con cinco fiscales y, a partir de la desafectación del fiscal Rubén Rivero, quedan apenas cuatro. Que tienen que hacerse cargo del 31,2 por ciento del total de los casos porque no sólo atienden Olavarría, sino además La Madrid y Laprida. En materia de defensores, Olavarría tiene apenas dos que abarcan cuatro partidos: Olavarría, Bolívar, La Madrid y Laprida, que suman el 38,3 por ciento de las causas.

La desproporción que surge de ese mapa es un aporte más al análisis global de qué es lo que ocurre en la ciudad. Pero no es lo único. No hay que engañarse.

Récords

Ese alto porcentaje no es el único récord que bate Olavarría.

El 8 de noviembre de 2007, María del Carmen Falbo asomaba del ascensor del antiguo edificio de Tribunales de Azul cuando en diálogo con esta cronista dijo una frase que sería necesario marcar con resaltador en los archivos. Recién se había conocido la renuncia de Francisco Javier Tourné como fiscal y a un año del alejamiento del mismo cargo de Matías Castro, la procuradora expresó que "realmente no es una cuestión habitual que los fiscales renuncien y se vayan. Lo que es cierto es que hay perfiles que no son para desempeñarse en un sistema como éste donde hay mucha exigencia de trabajo personal, de equilibrio, de análisis muy puntual, hay mucha exigencia de la sociedad acerca de los resultados. Más allá de que a veces el resultado es externo al fiscal, pero la sociedad igualmente exige. Exige respuestas, rapidez, mucho trabajo. Algunos no soportan ese tipo de trabajo, no se encuentran en condiciones de seguir pero no es la mayoría. Creo que en toda la Provincia hay muy poquitas renuncias de fiscales".

Por si no quedó claro: si la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia dijo "en toda la Provincia", estaba incluyendo aun a los distritos más populosos. ¿Qué dulce encanto tiene Olavarría que goza de esa particular característica?

Es interesante, a casi tres años de aquella frase y de la renuncia de Tourné, conocer el análisis hecho esta semana por el ex fiscal y ahora abogado particular.

"Entré al Poder Judicial en el 90, en Defensoría. Cuando asumí el cargo en Olavarría sabía adónde iba. Tenía en claro que era ya entonces un lugar con una conflictividad mucho mayor que Azul. Está bien que Olavarría es mucho más grande, tiene el doble de habitantes, pero uno veía que esa conflictividad también tenía que ver con otras cosas. No es de ahora. En su momento lo planteamos en Fiscalía General, verbalmente y por escrito. Y la respuesta fue que 'Olavarría está bien así'. Llevamos también al planteo a la Provincia y no hubo respuestas. Hay un problema básico que tiene que ver con la falta de medios. Un cargo de fiscal implica muchísima responsabilidad y se necesitan medios. No podés dejar el alma, tu vida y un montón de cosas más a gente que dice no se necesitan cambios. Que Olavarría funciona bien así. Y cuando lo querías plantear a otro nivel, te corrían con estadísticas. Pero si las cosas están así es porque hay gente que lo avala. Y Olavarría, como mínimo pero realmente como mínimo, necesitaría una unidad de delitos complejos", analizó Tourné a tres años de haber dicho que "me voy porque esto es una picadora de carne".

Radiografía

Esas dos renuncias muy seguidas entre sí no son, sin embargo, los únicos aspectos que comportan una radiografía de la ciudad, en materia penal y judicial. Hay que agregar que un juez está a la espera de un jury por presunto cohecho: el juez de Garantías Antonio Cayetano Saladino fue denunciado en el marco de la causa en que se investiga el crimen del penalista Marcos Alonso. Esta semana volvieron a prorrogarle por otros 60 días, hasta el 11 de septiembre, la licencia obligatoria. Y el avance del jury está momentáneamente suspendido hasta que la Procuración reciba en sus manos los expedientes de la causa Alonso.

Pero también se debe incluir en materia de escándalos la situación del fiscal Rubén Ariel Rivero, a quien el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió para hacer lugar al avance de la Justicia Penal en la investigación de un delito común: presunto abuso sexual de una chica de 16 años que cumplía tareas domésticas en su casa. Es decir, en este caso no se está analizando, como sí en el de Saladino, un delito cometido en el marco de sus funciones como magistrado, sino un delito común.

Es decir, el caliente distrito olavarriense tiene para contabilizar en su haber: dos renuncias por hartazgos (previo a la de Tourné, Matías Castro había dejado en claro que sentía un gran alivio al renunciar y que la función le había producido un enorme desgaste). Y también dos enjuiciamientos: en un caso por un delito de acción pública y en otro por un delito común.

Olavarría se pincela como un dechado de virtudes.

Calesita

La pregunta que sigue sin respuesta, sin embargo, es de alguna manera la que desnudó a medias Tourné cuando analizó esta semana que cada vez que se elevaron reclamos sobre la situación en la ciudad, la conclusión fue que estaba "bien así". Y no puso nombres, pero la alusión era más que obvia a los ojos de cualquiera: en primer lugar apuntó sus cuestionamientos al fiscal general Eduardo Serradell y en segundo lugar a María del Carmen Falbo. Serradell no está gozando desde hace tiempo de las simpatías de gran parte de los fiscales, aunque es algo que suele expresarse con la voz queda.

Y sin entrar en ese terreno directamente y en cuestiones de simpatías-antipatías, hay un hecho liso y llano: Serradell es la cabeza del Departamento Judicial, pero hay otros actores más arriba en jerarquías que indudablemente avalan su política judicial. Las autoridades no siempre son culpables de que algo ocurra o deje de ocurrir, pero siempre son responsables políticos.

Nadie desmintió lo publicado esta semana por EL POPULAR sobre un presunto ofrecimiento hecho a Rivero ni bien saltó públicamente la denuncia por presunto abuso sexual en su contra. Se le habría dado la posibilidad de dejar la fiscalía y asumir como secretario de Cámara en La Plata. Un retroceso indudable, pero era el precio que hubiera tenido que pagar para silenciar la escandalosa denuncia y guardarse un tiempo para volver a aspirar a cargos más altos. Rivero habría dicho que no y ahora está pagando las consecuencias. Es decir: el sistema hace vacío y suelta la mano. Y no precisamente por ser diáfano.

Dicho de otro modo: se habría querido aplicar con Rivero la clásica calesita que gira y gira por aquí y por allá como es habitual dentro de la Policía Bonaerense. Correr a alguien de un lugar en donde está puesta toda la atención mediática y social hasta que las aguas se calmen y la desmemoria entre en juego.

Delitos y delitos

Olavarría quema. Y nadie puede poner en duda -las mismas estadísticas de Procuración lo indican- que el grueso de las causas están ligadas a los delitos contra la propiedad. Pero hay un detalle que no es menor. Entre el 50 y el 60 por ciento de las causas que manejan los tribunales en lo Penal de Azul provendrían de Olavarría. Y los últimos años han ido dejando una ristra de casos impunes que lo seguirán siendo y aportando a los anales de la historia judicial.

Hacen falta muchas miradas y un debate profundo que está soberanamente ausente. No basta que un tema se exponga públicamente o una película de escandalosa denuncia se proyecte para que determinados organismos decidan a salir a hablar. Hay demasiados temas que no se discuten. El sistema funciona aceitadamente haciendo la vista gorda.

Uno de los dos defensores oficiales, Martín Marcelli, asegura que no se puede perder de vista en la conflictividad social de la ciudad que "Olavarría vive entre las ruinas de una ciudad industrializada. El Estado no alcanza a absorber lo que queda. El que entra al Servicio Penitenciario se salva. Pero hay una fragmentación social evidente que se desnuda en las estadísticas con el alto número de delitos contra la propiedad".

Hay delitos y delitos, sin embargo. De primera y de segunda. Delitos dignos de estadística que son los que aparecen en los números volcados en el mapa de la Procuración y delitos que corren por los túneles subterráneos y que no se suben al mapa porque al sistema no le conviene. Por ejemplo, los delitos de evasión impositiva. Los delitos millonarios que afectan indiscutiblemente a los segmentos sociales más débiles y vulnerados. Y que, por ende, son responsables directos de una parte de lo que ocurre.

Pero también hay otros aspectos que no son incluidos. Y tienen que ver directamente con los aportes institucionales a la comisión de delitos como los que hicieron que regresara a las rejas esta semana uno de los dos asesinos del comerciante Horacio Dos Santos. ¿Alguien se preguntó por qué utilizó siempre armas o proyectiles del estilo de los de la policía?