Radiografía de la salud pública en la Ciudad: un Estado que fue de prestador a gerenciador

Radiografía de la salud pública en la Ciudad: un Estado que fue de prestador a gerenciador
A pesar de contar con una poderosa estructura de salud y un presupuesto privilegiado, la gestión macrista es criticada por subejecutar el presupuesto, la informalidad laboral y la falta de equipamiento.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una poderosa estructura para la prestación de servicios de salud. Por su cantidad, diversidad y cobertura geográfica, tiene pocos antecedentes en el mundo: dispone de 33 establecimientos hospitalarios que cubren 14 especialidades, incluyendo medicina general.

Para la atención primaria, cuenta con 47 centros de salud y 38 centros médicos barriales. Presupuesto para hacer funcionar esa extendida red de efectores de salud pública no le falta. A fines de noviembre del año pasado, la legislatura porteña le aprobó al gobierno del PRO un gasto de 32.500 millones de pesos para 2012.

A principios del mes de julio del corriente año, Mauricio Macri hizo que sus legisladores y algunos aliados le ampliaran en 3.348 millones de pesos la autorización obtenida seis meses antes. Con 35.848 millones de pesos, la Ciudad de Buenos Aires tiene el tercer presupuesto de la Argentina.

Una de las excusas del gobierno del PRO para obtener la ampliación, fue que 1.646 millones de pesos se destinarían a gastos de personal, incluyendo aportes a la Carrera de Médico Hospitalaria y a reajuste en gastos en insumos hospitalarios.

En el aumento de gasto obtenido en julio, la recolección de basura fue el rubro estrella, mientras que lo destinado a salud, inocuo.

Antes de la ampliación presupuestaria, la partida destinada en el 2012 al Ministerio de Salud representaba el 20,48% del presupuesto anual.

Es el mínimo desde el año 2000. El promedio para los 13 años anteriores fue del 24 por ciento. El máximo se alcanzó en 2002 con 28,79 por ciento.

El presupuesto es el programa de un gobierno. Su ejecución es el compromiso de los gobernantes con ese programa.

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