El bloque de la Unión Cívica Radical se opuso ayer a la transformación en ley del decreto provincial N° 324 que declaró la caducidad de concesiones petroleras a YPF S.A. en Chubut, por considerar insatisfactorias “las razones de urgencia” planteadas por el Frente para la Victoria, y reclamó la presencia comprometida del responsable de Petrominera Chubut, Oscar Crettini, y del ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré “para despejar las dudas pendientes”.
La postura mayoritaria fue votada en la sesión ordinaria que comenzó pasadas las 17 de hoy en la Legislatura Provincial y tuvo el acompañamiento positivo diecinueve diputados.
El diputado Roberto Risso dijo que el decreto N° 324 “no fue planteado de ese manera a la sociedad ni se trata de una norma de necesidad y urgencia” y atribuyó al bloque mayoritario “una actitud prepotente”.
“Como mayoría tienen la responsabilidad de convencernos y consensuar pero termina imponiendo sus votos y reiterando lo que criticaron al gobierno de Das Neves”, puntualizó.
“El decreto le da la orden de Petrominera que busque un operador en el marco de la ley vigente, es decir la que permitió la privatización menemista. No hay marco regulatorio. Dependemos de la buena voluntad de Crettini”, añadió.
“La postura radical no es caprichosa. Queremos debatir”, indicó Risso quien hizo referencia a las derivaciones y costos del pasivo ambiental provocado por la industria petrolera durante cien años.
“Tenemos razones para no acompañar. Vamos a esperar que venga los funcionarios correspondientes para que expliquen a los representantes del pueblo. Hasta ahora han venido los abogados. Estamos preocupados y nos gustaría que habláramos el mismo idioma”, sostuvo el presidente del bloque radical.
José Luis Lizurume recordó las expresiones de los miembros del bloque radical en apoyo a “la decisión política” del gobernador Martín Buzzi en su acción reivindicadora de los recursos naturales de la provincia.
“Pretendemos sí que se nos amplíen algunas cuestiones. No veo por qué la necesidad imperiosa de ratificar una decisión que es facultad propia del Poder Ejecutivo. Tenemos dudas y siguen subsistiendo. No logramos obtener mayor información”, sostuvo Lizurume.
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