El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Nicolás Maiorano, inició una causa judicial para solicitar la anulación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en la que se aprobó el incremento de las tasas municipales.

Las presentaciones son diversas. El radical efectivizó una denuncia penal, elevó una nota ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y realizó una presentación ante la Cámara en lo Contenciosos Administrativo. El fin es uno: que se deje sin efecto la suba en los impuestos por la forma en que se llevó a cabo la asamblea.

En su edición de este martes, El Atlántico adelantó de las intenciones opositoras, al tener en cuenta los anuncios oficialista vinculados a la “transparencia” y el “control ciudadano” sobre las prácticas legislativas.

El trascendido fue finalmente confirmado, aunque desde el partido optaron por no brindar demasiadas precisiones.

No obstante, algunas declaraciones del titular de la bancada radical dejaron entrever algún tipo de animosidad contra la presidencia del Concejo Deliberante.

Desde el punto de vista del partido opositor, el proceder oficialista en el encuentro que tuvo lugar a mediados de enero –en el que también se aumentó la tarifa del boleto- recayó sobre el titular del Cuerpo, Ariel Ciano, a quien se lo acusaría de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso de poder”. Maiorano hizo especial hincapié en las “desprolijidades” de la presidencia y en el accionar de la secretaria, María Eugenia Dicándilo.

El argumento para exigir la nulidad de la asamblea es que los concejales y mayores contribuyentes que se encontraban en el recinto el día en cuestión, no alcanzaban el quórum necesario para sesionar y que, al llamarse a una segunda convocatoria (se necesita mayoría absoluta, 25 presentes en total) no se tuvieron en cuenta los plazos establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En declaraciones radiales, Maiorano determinó que Ciano habría actuado “motivado por la secretaria” del Cuerpo y que si bien el titular del Cuerpo no gozaba de la experiencia necesaria, quien no debía “desconocer esto” era precisamente Dicándilo.

Para explicar parte del aguerrido discurso, podría citarse una situación previa que también terminó en la Justicia. A mediados del año 2010, fue Dicándilo quien firmó la denuncia penal por la desaparición de un expediente contra el edil Maiorano, escándalo que tuvo su momento de gloria en el ámbito deliberativo y que terminó sin mayores consecuencias.

Ahora, lo sucedido en la última asamblea que se desarrolló en el Concejo se encuentra en manos de la Justicia y seguramente hoy el radicalismo dará a conocer la totalidad de los argumentos que llevaron a que sea en esta jurisdicción donde se resuelva la validez o no del aumento de las tasas municipales y el accionar del bloque oficialista.