El rechazo a la refinanciación integral de la deuda pública provincial, que el alperovichismo negoció con la Nación, se convirtió en el caballo de batalla política de la UCR tucumana. De hecho, la postura que esa fuerza debe adoptar respecto del ingreso de Tucumán en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas no es cualquier debate en el seno del centenario partido.

Precisamente, la tradicional reunión semanal de la junta de gobierno del radicalismo se acaloró durante las últimas horas del lunes, en el comité de Catamarca 851, cuando se abordó la cuestión.

El movimiento opositor resolvió dar mandato a sus legisladores, Federico Romano Norri (titular del distrito Tucumán de la UCR) y Jorge Mendía, para que durante la sesión de hoy voten en contra del aval al convenio que el gobernador, José Alperovich, firmó el pasado miércoles 23, en la Casa Rosada, con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Mediante ese acuerdo, se produjo una reducción automática de $ 488 millones, por compensación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no habían sido distribuidos. A la par, refinancia $ 3.321 millones a 20 años, a una tasa anual del 6%. En total, los poco más de $ 3.800 millones a los que abarca el acuerdo representan el 86% de los $ 4.400 de pasivo público consolidado.

Durante el debate, también se aprobó la propuesta del vicepresidente de la junta de gobierno radical, Raúl Moreno, quien planteó que la UCR debe formalizar una denuncia penal en contra de Alperovich. "Manifesté que, sobre la base de lo publicado en el Panorama Tucumano del sábado pasado, hay que denunciar al gobernador por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario. En esa columna se dio un detalle sobre los recursos que la Nación le adeuda a la Provincia, y que el mandatario jamás reclamó. Entendemos que Alperovich incurrió en una excesiva discrecionalidad al no efectuar demanda alguna: le regaló a la Nación $ 4.500 millones para comprar su candidatura a vicepresidente en 2011", manifestó el ex concejal capitalino a este diario.

Moreno sostuvo que el Gobierno tucumano no debe firmar refinanciación alguna. Por el contrario, aseveró que debió exigir que la deuda pública local fuera compensada con los fondos la Nación adeuda a Tucumán, por no distribuir la recaudación del Impuesto al Cheque según los índices de la coparticipación federal, y por la retención indebida del 15% de los fondos coparticipables desde 2006 por diferencias previsionales (desde ese año, no se firma el pacto fiscal que habilita tal quita).

"Como el gobernador no reclama esos recursos, los tucumanos deberán endeudarse durante los próximos 20 años, pagando por un dinero que es de ellos y que se podría volcar en beneficio de la comunidad", cuestionó el ex edil.

Luego de que se aprobara la propuesta de Moreno, el secretario de Relaciones Laborales del comité nacional, Ariel García, cuestionó con dureza que el concejal capitalino José Luis Avignone, en sentido contrario al pronunciamiento de la UCR, saliera públicamente a pedirle al gobernador que refinancie la deuda pública de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

"Mientras el senador de la UCR (José Cano) objetó desde un principio la política financiera del oficialismo, y el partido da mandato para votar contra la refinanciación y decida denunciar penalmente al gobernador, Avignone sale a reivindicar todo lo contrario. Eso no puede ser", fustigó García.

El dirigente pidió que se haga un severo llamado de atención al concejal, y que se pida a la convención provincial de la UCR que juzgue la conducta del edil.