En un comunicado firmado por el Comité Provincia del partido dirigido por Hernan Damiani, se argumenta que “la Ley de Partidos Políticos expresa que el procedimiento para estos casos debe que ser sumarísimo, verbal y actuado, por lo que la cuestión de fondo debería haberse resuelto antes del pasado 10 de diciembre, ocasión en que se los legisladores juraron sus cargos. Sin embargo, el máximo órgano judicial tardó más de un año en resolver sólo las recusaciones efectuadas por la UCR y el Frente Unidos por la Democracia (FUD) a los miembros del Tribunal Electoral, dejando sin respuesta la denuncia por la distribución de bancas”.

De acuerdo al apoderado del partido Radical, Juan Jose María Mela, la dilación del STJ en la resolución de este caso “podría dar lugar a la presentación de nuevas demandas por denegación de justicia, considerando que es el Superior Tribunal el encargado de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales”.

En ese sentido Damiani agregó que “La denuncia evidencia que la resolución del Tribunal Electoral violenta el Art. 48 inciso 5 de la Constitución Provincial, constituyendo un grave delito de carácter institucional que podría ser llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Bajo la necesidad de cumplir con este precepto constitucional, es que la UCR y el FUD denunciaron el año pasado que el Tribunal Electoral violentó este artículo de la Constitución Provincial al otorgar más de los dos tercios de los diputados provinciales (18 de 20) a un solo sector político, violentando el artículo constitucional que establece que un tercio de la representación debe estar garantizada para “la” o las minorías más votadas. El comunicado del Comité Provincia manifestó además que este problema existe también en diferentes municipios, totalizando más de 10 concejales de la UCR y el FUD que se vieron imposibilitados de acceder a sus bancas.