El Bloque UCR del Senado expresó su rechazo al veto de la Presidente de la Nación a la ley por el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para la jubilación mínima refutando los fundamentos de la medida. “Vamos a seguir dando la batalla por el 82 por ciento” aseguró el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, quien anticipó que su Partido insistirá con el proyecto original en el Congreso.
“No se pueden ignorar los considerandos de la decisión del gobierno, en tanto son inexactos, falaces y maliciosos, y no se ajustan a la verdad de los hechos”, estiman. “Es esta la manera omnímoda y totalitaria de ejecutar el poder, avasallando las instituciones y las voluntades de quienes legítimamente ejercen sus funciones”, califican los radicales la decisión del Poder Ejecutivo y destacan que “tanta es la falacia a la que se ha recurrido en pos de motivar una decisión arbitraria, que se han sostenido juicios de oportunidad, mérito y conveniencia sobre el accionar del arco opositor en materia legislativa”.
Rematan los senadores: “se nota que pretende gobernar con superpoderes y facultades delegadas; legislar por DNU y veto, y también juzgar”.
En relación con la ley de Movilidad jubilatoria, los radicales recordaron que “nuestro bloque había presentado un proyecto estipulando el 82% móvil para las haberes de pasivos, estableciendo una relación entre salarios y jubilaciones”. “No se apoyó la iniciativa del Poder Ejecutivo por considerar la propia superadora y ajustada a derecho, además de entender que la fórmula estipulada no pudo ser traducida ni por los más entendidos en la materia, sufriendo de las mismas arbitrariedades que pretendía sustituir”, agregan.
En el debate parlamentario de la Ley 26.425, la UCR dejó “manifiesta su postura constante y coherente a favor de la unificación del sistema de reparto en manos del Estado”, aseguran. “Como pocos partidos, esta postura pudo defender la UCR históricamente, aun cuando el decreto presidencial pretende tergiversar la especie”, advierten los senadores.
Respecto de la acusación del gobierno hacia el arco opositor de violar la ley de Administración Financiera, los radicales aseguran que esa afirmación es mendaz, refutándola: “transcribe el origen de los fondos que la ley sancionada estipula para afrontar estas erogaciones”.
“No siendo suficiente, el Gobierno acusa de intentar engañar a todos los argentinos”, apuntan los senadores rebatiendo el argumento oficial: “el engaño está dado por este Poder Ejecutivo, que observando en su totalidad la iniciativa, le miente de modo flagrante a los argentinos, en especial a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, aduciendo falta de recursos aun cuando sí están los fondos para hacer campaña, para pagar pauta oficial, para pagar al Club de París, por citar sólo algunos casos, permitiéndose calificar de demagógica la iniciativa del 82% móvil cuando se patrocina el programa Fútbol para Todos, entre otras medidas ciertamente demagógicas”.
Con una fuerte crítica, incluso, el Bloque radical advierte que “pareciera ser que este Gobierno evidentemente se considera no sólo interpretador de las intenciones de la oposición que habría obligado al gobierno a vetarla por riesgo de rédito político”. “Entendemos que la interpretación de la Presidente es errónea, y su comentario totalmente desubicado para una fundamentación formal de un Decreto”, remarcan.
Posteriormente, los radicales niegan rotundamente la glosa de la Primera Mandataria sobre la historia argentina. Recuerdan, al respecto, que “es la propia Presidente quien reconoce que fue el presidente radical Arturo Frondizi quien en 1958 introdujo por Ley del 82% móvil”.
“Respecto al Presidente Alfonsín –analizan los senadores nacionales-, bien sabemos que le tocó afrontar un período muy duro desde todo punto de vista, que asumió con grandes presiones políticas, militares, sociales, económicas producto de la deuda externa heredada, y financiera, y un récord histórico de huelgas y paros. Fue la Presidente Cristina Fernández de Kirchner quién le rindió homenaje en Casa Rosada reconociendo sus méritos y acciones”.
Incluso, el Bloque UCR asume que “en el período del Presidente De la Rúa se tomó una medida de ajuste, que incluyó a la clase pasiva, pero no es menos cierto que durante esa gestión detonaba una década de despilfarros, privatizaciones –inclusive de la caja provisional- y de aumento de la deuda externa que creció de 62.200 millones de dólares a 146.219 millones de la misma moneda, y un total de 1.833.000 desocupados, sumado esto a las restricciones de la económica internacional y al bajo precio histórico de los commodities”. Y traen a colación que fue Carlos Memen quien en su gobierno “privatizó las jubilaciones, incrementó la deuda externa en un 123%, destruyó la producción y competitividad argentina, y que dejó la desocupación en uno de los máximos niveles conocidos por la historia de nuestro país”.
De esta manera, el principal bloque de la oposición en el Senado, donde militan los autores de sendas iniciativas vinculadas a recomponer salarios de jubilados y pensionados, expresan su rechazo al veto presidencial, al tiempo que adelanta que la UCR insistirá con acciones que devuelvan dignidad a quienes tanto esfuerzo han hecho por construir la Nación.
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