La totalidad del bloque de diputados de la UCR se presentó ayer ante el Superior Tribunal de Justicia para promover una acción de inconstitucionalidad y una demanda de prohibición de innovar a fin de que se suspenda la aplicación de la Ley Nº 5657 y la Ley Nº 5658, de protocolización y aprobación de protocolización de los convenios bilaterales en el marco del “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, leyes que fueron sancionadas en la sesión legislativa del jueves pasado por mayoría simple.

Los legisladores radicales iniciaron las acciones al considerar que la sanción de las leyes mencionadas "no respeta el Artículo 81 de la Constitución Provincial y concordantes, que establece que decisiones de este tipo (referidas a empréstitos públicos) deben tener el acompañamiento de al menos 2/3 de la totalidad de los diputados".

“Con el nuevo régimen propuesto por Nación se hace una novación de crédito (un nuevo crédito que sustituye al anterior), y también hay una compensación de créditos (por los que Jujuy recibirá 480 millones de pesos de ATN). Todas las proposiciones son sumamente favorables para la provincia, pero si no se administra esto de conformidad a la ley, respetando lo establecido por la Constitución, podemos sentar un precedente problemático, lo que es una irresponsabilidad que hoy pretende el Justicialimo”, explicó Jorge Rizzotti, diputado provincial por la UCR y vicepresidente 2º de la Legislatura.

Rizzotti remarcó que la intención del radicalismo "es que Jujuy se adhiera al Programa planteado por Nación, pero sobre todo que esto se de en un marco en el que se establezcan reglas claras para que en el futuro existan elementos de control que aseguren que estos fondos se administren sin la discrecionalidad con la que hasta el día de hoy se relaciona la Provincia con los municipios".

“Es casi una generalidad que cuando una provincia está endeudada, sus municipios también lo están. Desde el radicalismo pretendemos que la provincia traslade los beneficios a los municipios, aunque debe previamente regularizar la cancelación de créditos con los municipios dentro del PROFOSAM y los anticipos de Tesorería, que se otorgan en forma discrecional”, describió el legislador.

“Ya sea que a esta operación se la denomine desendeudamiento, refinanciación, reestructuración, renegociación o como fuere, en todos los casos se trata de una operación de empréstito público, de acuerdo a los términos de nuestra Constitución”, explicó el diputado Rizzotti, y reafirmó que “el PJ, con el acompañamiento del Frente Primero Jujuy, está cometiendo la irresponsabilidad de pasar por sobre las leyes”. “La UCR pide hoy reglas claras y beneficios para los municipios y la provincia, por lo que acompañará la sanción de leyes necesaria para el desendeudamiento, pero lo hará en el marco de la Constitución”, finalizó.