La semana pasada el radicalismo había intentado aprobar algunos pedidos de informes que el PJ bloqueó al no darles los dos tercios necesarios para ser tratados sobre tablas. Entre esos pedidos de informes, se encontraba uno destinado a Irrigación.

Ayer, ocho senadores de la UCR fueron sorpresivamente al Departamento General de Irrigación, desencadenando un encuentro caliente con el titular del organismo, José Luis Álvarez, en busca de esas respuestas negadas.

Después del encuentro, los radicales dicen que el superintendente se comprometió a responder por escrito acerca de los tres temas que desvelan a los senadores opositores. La polémica resolución 548 que dispone la venta o subasta de permisos de nuevas perforaciones, lo actuado en torno a los 21 pozos autorizados por la gestión del renunciado Eduardo Frigerio en zona restringida y la cesión de agua del río Atuel a La Pampa.

La visita a Irrigación de los radicales no es un encuentro más. Primero, mantiene calientes las relaciones entre oficialismo y oposición en la Cámara Alta, en una reparto de picardías e incomodidades varias. El PJ se niega a aprobar pedidos de informes, los radicales se apersonan en los lugares sobre los que quieren saber.

Pero, además, se trata de una visita a un organismo que viene agitando algunas polémicas en los últimos meses: Irrigación perdió a su superintendente anterior (Eduardo Frigerio) acosado por las denuncias en el Jury de Enjuiciamiento, y el actual siempre debe responder por aquellas denuncias (particularmente los pozos de Agrelo) y algunas nuevas como la cesión de aguas a La Pampa y la resolución 548.

El 18 de noviembre pasado, Los Andes informaba acerca de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 548. En el artículo 3 de la misma se pone como "condición indispensable para acceder a un permiso" la presentación de un proyecto que incluya un aporte pecuniario para conformar un fondo que se usaría para hacer obras hidráulicas.

Según el radicalismo, la inclusión de ese aporte pecuniario como un elemento indispensable para conseguir un permiso de perforación altera el orden de prioridades que fija la ley 4.035.

Según el artículo 4 de esa ley (de aguas subterráneas), el agua de pozo puede usarse en primer lugar para abastecimiento poblacional; en segundo término para agricultura y ganadería; en tercero para industria, en cuarto para minería, en quinto término para recreación y turismo y en último lugar, termal o medicinal.

"¿Cómo incide el aporte pecuniario en este orden previsto por la 4035? Nadie lo dice", sentencia el presidente del bloque de senadores de la UCR, Armando Camerucci, dando por sobreentendido que el peso del dinero alteraría el orden fijado por ley.

"Actualmente, fuera de las áreas restringidas por el nivel de los acuíferos, no hay restricción para acceder a un pozo. Este aporte es poner una nueva restricción que alcanza a toda la provincia", dice el legislador.

Actualmente sólo tres zonas tienen restricción para nuevas perforaciones: la margen derecha del río Mendoza, al oeste, en Alto Agrelo, donde la gestión de Eduardo Frigerio autorizó 21 pozos a emprendimientos inmobiliarios de lujo; una zona del Valle de Uco, en San Carlos, y al sur del departamento de Luján.

Yendo a los 21 pozos autorizados por el renunciado Frigerio, hasta ahora no se conocen acciones administrativas acerca del destino de esas perforaciones.

La resolución 232/10 que los autorizó, les dio un plazo de 24 meses para culminar con los proyectos.

Esos dos años concluyeron a principios de mayo pasado; en Irrigación les informaron a los senadores de la UCR que el departamento se ha hecho parte de un proceso judicial que está en manos de la Suprema Corte de Justicia, iniciado por un particular, quien reclama contra Irrigación por habérsele denegado un permiso de excavación en 2008: dos años después, este particular se enteró de los pozos otorgados a Fideicomiso Aymuray y a Santiago Julio Obarrio, en la misma zona en la que pesa la restricción.

El problema es que la máxima autoridad del agua es el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación. Sólo después de que esta instancia se expida, los que se sientan perjudicados pueden ir a reclamar a la Corte. Álvarez se ha salteado un paso. La sospecha es que, o no quiere intervenir en una cuestión en la que están involucrados varios poderosos, o les está dando tiempo para que terminen sus proyectos y no tener que cegarlos.

Por último, en el tema de las aguas del río Atuel, Camerucci dijo que las autoridades de Irrigación le informaron que ese tema está en manos del Poder Ejecutivo.

Desde Irrigación no hubo una versión del encuentro. José Luis Alvarez sólo se quejó de que llegaran de improviso, sin pedir audiencia y dijo que había invitado a los senadores radicales a participar en los consejos de cuenca.