El proyecto propone que la Legislatura de la Ciudad solicite al Congreso de la Nación que modifique la actual clasificación de las personas jurídicas de manera que todas las organizaciones religiosas, incluida la Iglesia Católica, sean consideradas personas jurídicas de derecho privado, en resguardo de los principios de igualdad ante la ley, no discriminación y libertad de conciencia plasmados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la misma.

El proyecto recuerda que desde la reforma parcial del Código Civil de la Nación llevada adelante por ley de Juan Carlos Onganía en el año 1967, son consideradas personas jurídicas de derecho público el Estado Nacional, las provincias y los municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica. El proyecto de unificación y reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que actualmente analiza el Congreso de la Nación, modifica parcialmente esta clasificación incorporando a los estados extranjeros como personas jurídicas de carácter público y manteniendo dicho carácter para todas las personas jurídicas contempladas en el actual art. 33 del Código Civil, incluyendo a la iglesia católica.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), una red de organizaciones religiosas, sociales, políticas y culturales que trabaja por la consecución de un Estado verdaderamente laico, respetuoso de la libertad de conciencia de todas las personas, expresó desde el inicio del debate, que esta redacción no hace sino perpetuar una situación discriminatoria y violatoria del principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Carta Magna.

En el mismo sentido se expresaron en las audiencias públicas, entre otras organizaciones, la Mesa Nacional por la Igualdad, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), así como destacados/as investigadores/as de la temática. Debemos aclarar que en la actualidad, las organizaciones de carácter religioso se inscriben en el Registro Nacional de Culto —creado por el dictador Jorge Rafael Videla—, cuya derogación impulsan muchas organizaciones religiosas por considerar a dicho registro violatorio de la libertad de culto.

Estas distinciones entre la iglesia católica y otras organizaciones no sólo son violatorias del principio de igualdad ante la ley, sino que contradicen principios como el de libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. Cuando el Estado otorga privilegios arbitrarios a un culto, está, por defecto, estableciendo condicionamientos arbitrarios al ejercicio, la organización y la participación en otros grupos religiosos, filosóficos o ideológicos, y simultáneamente, envía un mensaje simbólico de superioridad y privilegios de tal o cual conjunto de creencias.

“Entendemos que debería eliminarse del proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, el inc. c del art. 146. De este modo, el Estado Vaticano en tanto Estado extranjero, y exclusivamente en su ámbito de soberanía, sería reconocido como persona pública, al igual que los demás estados extranjeros; pero la iglesia católica argentina, como institución religiosa, debería someterse al mismo régimen que los demás grupos religiosos. Ello nos acercará como Nación, a un Estado Laico que no haga distinciones entre sus habitantes por motivos de creencias y convicciones”, expresó la diputada Rachid.

La legisladora porteña dijo que “nos parece muy importante que, como ha ocurrido en otras ocasiones respecto de debates que por su contenido tienen lugar en el Congreso de la Nación, esta Legislatura siente una postura clara al respecto, impulsando dicho debate en otras regiones de nuestro país, en la opinión pública y en el propio Congreso de la Nación. Entendemos que este es el momento histórico para comenzar a revertir el camino de los privilegios que la iglesia católica obtuvo mediante los gobierno de facto, y que los gobiernos democráticos no supieron aun revertir”.