El jueves 3 de junio, el Senado provincial le dio el respaldo faltante a la designación de Miguel Ignacio Alegre como Defensor del Pueblo de la Provincia. Pasaron 17 días y el primer ombudsman constitucional de Corrientes aún no juró y no sabe siquiera cuándo la Legislatura lo convocará para que inicie sus labores.
Las palabras del ombudsman están relacionadas a la falta de presupuesto para el organismo. “La ley dice que es la Legislatura la que debe disponer de los fondos para el funcionamiento de la Defensoría”, comentó Alegre quien aseguró que conversó con los titulares de las dos cámaras legislativas pero que sólo logró la buena voluntad expresada.
Alegre le señaló a “época” que diseñó un presupuesto estimativo para la Defensoría con una planta estimada en una veintena de empleados. “Es provisorio y muy austero. Se necesitaría 160 mil por mes, que es una cifra muy inferior incluso a lo que se destina a provincias mucho más chicas que Corrientes”, argumentó.
“Río Negro, que es la mitad de nuestra provincia, tiene un presupuesto anual de $4.100.000. Pedimos $960.000 por la mitad que resta del 2010”, agregó luego Alegre.
Según lo apuntado, al analizar los fondos que se destinan a las Defensorías, comentó que el piso es del 0,10% del presupuesto general del distrito y que el máximo valor el del 0,31%. “La ciudad de Buenos Aires cuenta con $51 millones anuales y la provincia de Santa Fe, 26 millones. Lo que pedimos nosotros es muy inferior en montos y porcentajes”, dijo.
Por último, aseveró que su intención es tomar posesión del cargo pero reiteró: “Todo está en manos de los titulares de la Legislatura. Son ellos los que definen mi juramento, el presupuesto y el organigrama. Obviamente, también tiene que ver si el Ministerio de Hacienda habilita las partidas necesarias”.

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