Le recuerdan que el convenio de concesión dice claramente que esa estructura es de las cooperativas y pasará al Estado recién al término del plazo de concesión y en forma onerosa si no han sido amortizadas por las entidades.

Revisión.

La resolución, que lleva el número 32/12 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, justifica su embestida en lo que entiende debe ser una "revisión integral" de la utilización de las estructuras de redes a partir de considerarlas "bienes de su propiedad" y, como tal, en uso de la "facultad irrenunciable de regular" esos bienes.

Una lectura de los artículos permite apreciar que la resolución no solo afecta el patrimonio de las cooperativas sino que, paralelamente, le abre la puerta al uso irrestricto y gratuito de esas redes a las cableras privadas, incluido el monopolio del Grupo Clarin, Cablevisión.

Pero no es todo, a escasas semanas de obtener la CPE su licencia de televisión por cable, no parece casual que la resolución del ministro incluya una cláusula que pone en manos del encargado de la Administración Provincial del Energía el futuro de ese emprendimiento al dotarlo de la facultad discrecional de "revocar la autorización (para colgar de las columnas los cables de televisión y telefonía), en cualquier momento y sin necesidad de expresión alguna de causa y sin que ello traiga aparejado derecho a indemnización alguna de parte" de la cooperativa.

Canon a Rentas.

Pero no es la única cláusula lesiva contra el patrimonio de las cooperativas. El ministro de Obras Públicas resuelve además que las cooperativas dejarán de percibir "los fondos recaudados" por el canon que las entidades le cobran a las cableras por el uso de las columnas que pasará a engrosar Rentas Generales de la Provincia. Esos fondos serán manejados discrecionalmente por el gobierno de la provincia que lo repartirá a las cooperativas de usuarios que sean concesionarias del servicio eléctrico, esto es, que el dinero que recaude la CPE o Corpico podrá ser destinado por el gobierno a otras cooperativas.

Increíblemente, el gobierno justifica esa apropiación en el presunto incumplimiento de las cooperativas de la cláusula de rebaja tarifaria que debía financiarse con el canon cuando, en realidad, la APE es la que ha incumplido desde hace trece años en su obligación de diseñar el "procedimiento" que debía "asegurar dicha finalidad", como dice claramente el artículo 6° de la resolución 123/99.

En todos estos años, la cooperativa santarroseña estuvo litigando judicialmente su derecho a cobrar ese canon a las cableras privadas y el gobierno omitió reglamentar la manera en que ese canon iba a ser utilizado para reducir la tarifa a los usuarios. Ahora que la CPE y el resto de las cooperativas logra un fallo judicial favorable y Cablevisión tuvo que pagar el canon, el gobierno en vez de subsanar su omisión y diseñar un procedimiento para la utilización de ese canon, intenta apropiarse de esos fondos y distribuirlo a su antojo a cooperativas ajenas a la que los recauda.

Blanqueo.

Pero si el articulado es un compendio de inexplicables amenazas y medidas lesivas contra las entidades solidarias es, por contrapartida, funcional a los intereses de las cableras. No solo porque tiene una cláusula que les permite utilizar gratuitamente las columnas de las cooperativas sino además porque contiene una clara invitación al "blanqueo" de la ilegalidad del cableado que en Santa Rosa hizo el grupo Clarín y que un fallo judicial ordenó bajar.

Lo hace en primer lugar exceptuando del pago del canon las prestadoras que fijen domicilio legalmente en la provincia y luego al permitir, ilegalmente, el uso de las columnas a las cableras que no tengan la correspondiente licencia y presenten "autorizaciones, permisos precarios y/o provisorios".

De esta forma el gobierno de la provincia le abre una puerta al monopolio de la TV cable de Santa Rosa, que no tiene licencia para operar en la ciudad y asegura tener un "permiso precario".

La Cpe y Corpico ya iniciaron la impugnación administrativa de semejante normativa que incluye hasta la recusación del propio ministro de Obras Públicas y viejo enemigo del movimiento cooperativo, Jorge Varela.