Con la quita de subsidios a las tarifas energéticas, el Gobierno nacional busca bajar el gasto en un contexto externo en el cual la economía está en problemas. Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea entienden que la reducción de aporte del Estado en esta área debería servir para recuperar superávit y también aminorar cargas fiscales extraordinarias a los contribuyentes.

“Si bien las cuentas fiscales muestran equilibrio, una medición alternativa que compute gastos e ingresos extraordinarios reversibles marca que 2011 terminó con un déficit primario de 1,3 por ciento del PIB”, advierte en su estudio el Ieral, que proyecta que los gastos del sector público nacional que tienen carácter extraordinario y pueden ser revertidos equivalen a 4,1 por ciento del PIB, mientras que ese monto alcanza a 5,4 por ciento del PIB para los ingresos extraordinarios que deberían ser revertidos.

“La discusión sobre la reducción de subsidios a empresas debiera remitir al crucial debate respecto a cómo usar los recursos ahorrados. Consideramos que no es recomendable destinar ese ahorro a nuevos gastos. La prioridad debería asignarse a recuperar el superávit perdido y reducir el peso de los ingresos extraordinarios. Esto incluye el uso de utilidades del Banco Central (BCRA) para financiar al Tesoro y los tributos que se crearon en forma extraordinaria en 2001 y 2002, o los que se obtienen por no ajustar por inflación en el impuesto a las ganancias”, señala el documento.

Según el informe, estos impuestos ayudaron a generar una presión fiscal récord para la Argentina (en 2011 se acerca al 36 por ciento del PIB si se suman los tres niveles de gobierno, y está arriba del 37 por ciento si se adiciona el impuesto inflacionario). Por tanto, consideran que “si ahora caen los subsidios y por ende, sube la presión sobre los presupuestos familiares, sería conveniente ajustar los impuestos extraordinarios a la baja, para compensar total o parcialmente aquel efecto”.

Ieral calcula que para una familia tipo, la eliminación de subsidios puede significar un gasto mensual adicional de 407 pesos, pero muchos hogares pueden enfrentarse a una duplicación de cargas por la falta de actualización del mínimo no imponible en Ganancias.

Ieral plantea que una familia argentina promedio estaría actualmente gastando al mes 330 pesos en transporte, electricidad, agua y gas. Si los subsidios dejaran de tener vigencia, los gastos ascenderían a 737 pesos, lo cual implica un monto subsidiado de 407. El aporte estatal a los gastos en servicios públicos de las familias no resulta menor, especialmente si se considera en términos relativos. Así, el gasto en transporte aumentaría 112 por ciento; en electricidad, 129 por ciento; en agua y cloacas, 226 por ciento, y en gas, 172 por ciento. En el conjunto de los servicios considerados, las erogaciones que realiza una familia tipo más que se duplicarían (aumento de 123 por ciento) al efectivizarse la eliminación de subsidios, insumiendo más de 400 pesos adicionales al mes.

“Para garantizar una situación simétrica y equitativa, se debería compensar total o parcialmente la mayor erogación mensual que deberá enfrentar una familia tipo por la quita de subsidios ajustándose los mínimos no imponibles siguiendo a la evolución de la inflación”, indica el documento.

Agrega que “la eliminación de subsidios debería ser acompañada con la actualización por inflación en el Impuesto a las Ganancias, dado que así como existen gastos extraordinarios también hay ingresos extraordinarios, y la salud fiscal del país recomienda que la baja de uno debería dirigirse a compensar la baja del otro, además de recuperar los niveles de superávit fiscal”.