Con esa norma la provincia estaría en condiciones de recibir fondos de Nación para ejecutar políticas de prevención, detección y juzgamiento por delitos de consumo, venta y tenencia de estupefacientes.

La propuesta fue acompañada por los diputados provinciales por Unión Popular, Daniel Baum y de Nuevo Compromiso Neuquino, Manuel Fuertes. El Ejecutivo municipal anunció además que está trabajando en dos nuevos proyectos relacionados con la seguridad. Uno de ellos es para crear el registro provincial de huellas dactilares y el otro para el gobierno provincial entregue a las víctimas de violencia familiar, los famosos botones antipánico.

El proyecto presentado ayer por el municipio, establece en su artículo primero la adhesión al articulo 34 de la ley nacional 23737, "en los términos y con los alcances previstos por la ley 26052". En sur artículo segundo se autoriza al Ejecutivo provincial a requerir las transferencias de créditos presupuestarios de la administración pública nacional, ministerio público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación del servicio de justicia.

El proyecto determina que el Poder Judicial, el ministerio público y el ministerio de Seguridad de la provincia, ejecutarán las acciones que fueran pertinentes para producir "un blindaje al ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la provincia. A esos fines se deberán hacer controles vehiculares de cargas y equipajes, tanto en rutas de la provincia, terminales de ómnibus y aeropuertos de jurisdicción provincial".

El intendente Horacio Quiroga explicó que con esta normativa la provincia podrá actuar en casos de comercio y tenencia de estupefacientes o materias primas para su posterior comercialización