"Con esto me siento contenido", expresó el intendente Horacio Quiroga luego de la firma del convenio con el gobierno provincial que establece que los municipios recibirán aportes extraordinarios con la condición de modificar pautas planteadas en el cobro de tasas municipales. Sin embargo, recordó que "la vocación de gastos, viene unida a la vocación de cobrar. Los derechos vienen de la mano de los deberes. Entiendo que estas pautas también están motivadas en estas expresiones, aunque se que se garantiza hasta donde se puede".

Las declaraciones de Quiroga vienen relacionadas a las intenciones del municipio de sentarse con el gobierno provincial a negociar los términos de la deuda que el estado tiene con el municipio capitalino, en concepto de retributivos y propiedad inmueble.

El intendente había expresado que la provincia le debe a la municipalidad alrededor de 8 millones de pesos por servicios prestados a planes de viviendas del IPVU, que al no haber realizado el traslado del título de propiedad a los dueños reales, son cobrados al organismo.

El ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, anunció que la provincia solicitará al IPVU, ADUS y a la dirección provincial de Catastro un relevamiento y confección de un listado de los actuales propietarios de las viviendas que actualmente están a nombre de los organismos provinciales, para que el municipio pueda empezar a cobrar las tasas a quien corresponde. Al mismo tiempo, el ministro se mostró de acuerdo en revisar las deudas pendientes, a lo que Quiroga agregó "está fuera de discusión que vamos a llegar a un acuerdo".

El convenio que firmaron ayer el intendente y el ministro Gutiérrez, determina que los municipios recibirán fondos extraordinarios para destinados a infraestructura y equipamiento municipal. A cambio, los municipios deberán homogeneizar los valores fiscales de retributivos, patentes de rodado y licencias comerciales. Los retributivos serán valuados de acuerdo al valor fiscal del inmueble fijado por Catastro de la provincia, la tasa de patente de rodado al valor de mercado que maneja el Registro Nacional del Automotor y la licencia comercial en consonancia con la facturación anual declarada ante la dirección provincial de Rentas.

"Queda claro que la alícuota es competencia exclusiva de los poder Ejecutivo y Deliberante de cada municipio. Entendemos que se debía homogeneizar para que luego el municipio establezca las alícuotas", aclaró Gutiérrez.