Por otra parte, el secretario general del municipio, Daniel Herrera, se mostró preocupado por el fallo adverso de la justicia que habilita a dicho poder a resolver amparos de comerciantes e industriales que piden anular la última actualización de la tasa de comercio.

En las diversas asambleas que se vienen realizando para explicar a los municipales sobre los motivos del reclamo por la urgente sanción de la Ley de Coparticipación Municipal, los empleados de la secretaría de Hacienda, junto a sus pares de Comunicación Pública, se reunieron con el intendente Quintela para informarle su “compromiso a seguir luchando por la urgente sanción de la ley de coparticipación municipal”, se adelantó.

Los empleados le dijeron al jefe comunal que están “llegando al límite de la tolerancia” y que es necesario que el gobierno provincial “entienda” que los capitalinos y sobre todos los municipales “deben dejar de ser tratados como de cuarta”.

Quintela aprovechó para explicar el por qué del reclamo, subrayando que “ya es imposible asumir el compromiso con nuestros vecinos porque nuestras cuentas están en rojo” y “nosotros solo levantamos la bandera porque nos corresponde administrar los recursos de los capitalinos que hoy están en manos de otros”.

Luego admitió que “nadie va a luchar por nosotros, tenemos que tomar la iniciativa cada uno y saber que están reclamando por lo que nos corresponde y que seremos nosotros mismos quienes tenemos que hacernos valer”.

En tanto, el secretario general del municipio, Daniel Herrera, admitió que la comuna aún no fue notificada formalmente por el Tribunal Superior, pero advirtió que si un posterior fallo resulta adverso al nuevo sistema de cobro de la tasa y declara inconstitucional la ordenanza, se produciría un grave avance del Poder Judicial sobre el deliberativo.

Herrera dijo que el Tribunal rechazó la recusación planteada por el muncipio contra sus jueces pero aún no se expidió sobre la cuestión de fondo. “Me parecería preocupante si se hace lugar a la cautelar y con ella se suspende la ordenanza”, dijo. Y estimó que, además, habrá un impacto en las finanzas del municipio.

Herrera aclaró que el municipio no deberá devolver lo cobrado con el nuevo sistema y que, en caso que la justicia admita los amparos y frene la ordenanza, el municipio debería aplicar el sistema del año pasado, cobrando la tasa según los metros cuadrados y cantidad de empleados de cada comercio o empresa. Eso implicaría una considerable merma en su recaudación en comparación a lo estimado que se recaudaría con el nuevo sistema.