En Buenos Aires hay casi 500 countries, y todos cuentan con seguridad privada. ¿Quiénes son y cómo operan los que manejan el ejército de vigiladores privados? Por cada policía bonaerense, hay dos agentes privados. La preocupación por el ejército que trabaja clandestinamente, y las dudas sobre los controles
El negocio de la custodia de lugares cerrados en la provincia de Buenos Aires factura cerca de 500 millones de pesos mensuales, sumando el cuidado de countries, industrias, bancos y clientes particulares. Las empresas que se destacan en el sector son extranjeras. Desde la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) aseguraron a Desafío Económico que Securitas, de Suecia, Search, inglesa y Prosegur de España se destacan por sobre el resto. Entre las nacionales, el presidente de CAESI, Aquiles Gorini, destaca a Codecop y Brújula como las más requeridas y preparadas de la industria. El debate por regular y controlar la actividad se debe necesariamente al crecimiento sostenido desde 1990 que ha tenido el sector, aumentando a una tasa que ronda el 4% todos los años, con picos que llegan casi al 10% en años como 2001, a pesar de la crisis.
El alto costo de la seguridad privada se debe fundamentalmente a la cantidad de hombres que se requieren para cubrir espacios tan amplios. En la actualidad, cada empleado está cobrando $ 21,25 por hora sin arma, y $ 24 por hora si cuenta con la habilitación para portar una pistola o revólver. Ningún trabajador de seguridad privada hace turnos menores a las diez horas por día. Según él, la mayoría de los countries se manejan con diez vigiladores. Puede ser dos turnos de cinco personas, doce horas cada uno, o directamente turnos de 24 horas. El costo de la seguridad privada eleva fuertemente el valor de las expensas dentro de los barrios privados, alcanzando a significar el 50% del total.
Más de 60 mil personas están empleadas en el sector. Sin embargo, lo que preocupa a las cámaras de agencias y a los funcionarios son quienes se manejan por fuera de la ley. Si bien no hay estadísticas oficiales, se calcula que hay más de 20 mil empleados más trabajando en empresas que no están habilitadas. Eso significa que no hay control alguno sobre sus actividades, ni sobre la idoneidad de su personal.
Los empresarios protestan porque los trámites para dar de alta a un vigilador son "engorrosos", mientras que desde el gobierno sostienen que es la única manera de tener controles efectivos sobre el personal empleado, para poder fiscalizar a las empresas y evitar que se contrate a quienes no reúnen las condiciones para el trabajo. El debate sobre las modificaciones a la ley que regula la actividad en la Provincia cobró mayor intensidad en los últimos meses, luego de las reuniones de los representantes del sector con funcionarios, donde se acordó realizar mayores controles a las empresas y la instalación obligatoria de botones antipánico en todos los barrios cerrados por ley.
Las firmas más importantes llegan a tener más de dos mil vigiladores distribuidos en los lugares designados, y el valor que se cobra a cada lugar depende de las condiciones necesarias para custodiarlo y del combo de elementos que se decida elegir, teniendo en cuenta cantidad de tecnología, de custodios y de tareas a realizar.
Las empresas de seguridad privada apelan a diferentes métodos para brindar confianza a sus consumidores. La tecnología es el principal elemento de seducción al realizar una oferta. Sin embargo, la competencia generada entre la mayoría de ellas hizo que la prioridad sea obtener la licitación del servicio. Por ende, las ofertas arman paquetes de servicios básicos que privilegian el costo por sobre la calidad.
La ley obliga a los countries a renovar los contratos con las empresas cada dos años. Por ende, si durante el período que dura el contrato el consorcio del barrio cerrado acuerda la incorporación de mayor tecnología en el lugar, el costo corre por cuenta de los propietarios de las viviendas. Las cámaras de vigilancia, las alarmas y los sistemas de registro de ingreso y salida de visitantes lideran el ranking de venta de un negocio que no para de crecer.
A pesar de su crecimiento, el sector no está regulado por una ley nacional, por lo que cada empresa debe inscribirse y hacer todos los trámites nuevamente cada vez que desee expandir sus negocios a otra provincia, lo que dificulta aún más el control sobre las firmas. Si bien no hay datos oficiales, desde CAESI indicaron que en total en el país se gastan más de 7 mil millones de pesos sólo en custodia, sin contar las ventas de instrumentos electrónicos adicionales.
La cámara que nuclea a los empresarios de la seguridad destaca la labor de la dirección de Fiscalización de Agencias de Segurida Privada bonaerense: "Nunca se hicieron tantos controles como ahora", asegura Gorini a Desafío. La preocupación por las agencias que trabajan en forma clandestina inquieta tanto al gobierno como a los empresarios. Desde las empresas saben que ese porcentaje es el más propenso a trabajar por fuera de la ley, y que los empleados sin capacitación y sueldos paupérrimos representan un verdadero riesgo para la imagen de la seguridad privada.
Sin ir más lejos, en uno de los robos más destacados del año a barrios cerrados -el que se produjo en el country Talar Chico, donde vive el actual intendente de Tigre Sergio Massa- la Policía investigó y detuvo a un empleado de la empresa encargada de custodiar el predio. El vigilador detenido vivía a pocas cuadras de los tres delincuentes que fueron filmados e identificados como autores del robo del 9 de marzo, y habría sido el entregador de información en este y otros robos.
Durante los allanamientos en la empresa Watchman, donde se desempeñaba, y en su casa, encontraron que tenía ropa de otras cuatro empresas de seguridad donde trabajó por pocos días.
La preocupación aumentó este año, ya que en los primeros cuatro mese hubo casi 30 hechos de inseguridad contra los clubes de campo de la provincia de Buenos Aires.
Las quejas de famosos y mediáticos alimentaron la "sensación" de inseguridad, mientras los dirigentes se muestran activos en la lucha contra el delito. Mientras tanto, los ciudadanos se equipan con cuantos elementos de seguridad y vigilancia tienen a mano.
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