Se llama Sergio Muñoz. Tiene 55 años y hace 7 que fue designado como ministro de la Corte Suprema de Chile. Podría decirse que es, de alguna manera, el juez de moda en ese país. Es quien marca tendencia y quien está revolucionando los estrados y los medios de comunicación con su particular forma de impartir justicia. Y es, además, quien debe decidir si el ex camarista mendocino Otilio Romano es extraditado a Argentina para que lo juzguen bajo los cargos de ser partícipe primario en 106 causas por delitos de lesa humanidad.

Hace unos días, el diario La Tercera sacó un perfil detallado de su personalidad y de su forma de proceder. Lo hizo luego que se resolviera un caso que lo tuvo como principal protagonista: falló en contra de la construcción de una obra termoeléctrica, en la cual empresarios brasileños y alemanes habían estimado una inversión de 5.000 millones de dólares.

Previo a su sentencia, Muñoz había intentado una etapa de conciliación entre las partes: los representantes de las empresas y los abogados de los ciudadanos de la localidad de Totoral. Uno de los profesionales recuerda el diálogo con el que el magistrado explicó por qué estaban allí: "Les voy a contar lo que es la negociación. Lo aprendí en un bazar de Turquía. Allí yo quería comprar algo y había otra persona que me quería vender algo, y ese era el único punto de acuerdo entre los dos, pero yo sabía que en algún momento íbamos a llegar a un acuerdo en el precio. Por eso yo les propongo que logremos un acuerdo donde todos salgan beneficiados".

Obviamente, no hubo acuerdo. Y el juez tuvo que resolver: lo hizo en contra de las empresas, por entender que los informes de impacto ambiental habían estado mal confeccionado. Por eso, tal como ocurre en estos casos, hubo reclamos. El brasileño Eike Batista, titular de una de las firmas-el séptimo hombre más rico del mundo según Forbes 2011- aseguró que Chile era un país complicado para realizar inversiones.

Ya antes de esto, Muñoz se había convertido en un referente en los que tiene que ver con resoluciones vinculadas con recursos ambientales.

Pero el juez en cuestión cobró notoriedad años antes, cuando fue quien encabezó la pesquisa del denominado "caso Riggs", una causa en la que se investigó al dictador Augusto Pinochet y a sus allegados por el descubrimiento de cuentan secretas bancarias secretas en Estados Unidos.

En 2005, por ese caso, Muñoz pidió la detención de la secretaria privada de Pinochet y consiguió que se le quitaran los fueron como legislador al ex mandatario de facto.

En septiembre de ese año fue propuesto por el presidente Ricardo Lagos para asumir en la Corte.

La causa por extradición de Otilio Romano recayó inicialmente en las manos de Adalis Oyarzun, juez recientemente jubilado del máximo tribunal y que avanzó en el proceso hasta su retiro.

Por eso, Muñoz quiere repetir varios pasos. Por ejemplo, sentar de nuevo a Romano a una indagatoria y estar él presente. El interrogatorio podría producirse en los próximos días, pero antes el magistrado quiere tener en su poder una serie de documentación que fue pedida a nuestro país, como las copias legalizada de la Constitución Nacional, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los datos sobresalientes de los nombramientos de Romano como juez federal y como fiscal federal, cargo que ejerció durante la última dictadura militar.