La Justicia ratificó la sentencia del magistrado Armella, que obligó a la empresa Coviares a suspender la suba de peajes por falta de inversión
La medida impulsada por el concejal platense Gustavo Luzardo resultó ratificada por el juzgado platense, lo que significa un fuerte cachetazo a la concesionaria Coviares, quienes no podrán aumentar los precios hasta que no realicen las obras.
La Cámara de La Plata que conducen Julio Víctor Reboredo y Carlos Román Compaired, resolvió dar la razón al fallo de Armella motivado por la presentación de Luzardo, y Coviares no podrá aumentar las tarifas.
La resolución ratifica los términos del fallo de primera instancia, emplazando a la firma y la Dirección Nacional de Vialidad a gestionar y presentar un plan de inversiones en infraestructura en el término de 30 días hábiles. La concesionaria había decidido apelar la medida aduciendo importantes inversiones en la autovía, pero el tribunal platense consideró "razonable y conveniente" mantener la vigencia de la medida cautelar hasta tanto "se resuelva la cuestión de fondo" o "mientras tanto las demandadas no cumplan con las obligaciones exigidas".
Esta medida implica que de no arrancar con obras fundamentales como el tercer carril, la bajada de Villa Elisa, colectoras, entre otras, no podrán cobrar más allá de 2,20 en la categoría autos, la cual termina siendo de 2 pesos por falta de monedas. Ese valor había sido elevado a 5 pesos en hora pico (7 a 10 y 17 a 20) y 3,50 el resto de la jornada.
El concejal Luzardo elogió "el compromiso de los jueces de la Cámara Federal, que actuaron con rapidez y responsabilidad en un tema delicado y muy sensible para decenas de miles de usuarios" y consideró el flamante fallo "virtualmente inapelable".
El edil fue quien inició la batalla judicial al advertir que "Coviares avanzó con un nuevo cuadro tarifario de manera arbitraria y sin publicidad previa para los usuarios, pero no dio un solo paso para concretar las inversiones que se comprometió a realizar hace años".
La gran disputa es en torno a que las obras están en el contrato de concesión original y ratificadas en las posteriores extensiones, pero la empresa nunca las cumplió y ahora aduce que para encarar los trabajos debe "reformular las tarifas".
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