Las empresas rionegrinas deberán contratar empleados radicados en Río Negro, hasta por lo menos el 80 por ciento de su planta de trabajadores, si prospera un proyecto de ley que elaboraron los legisladores del Frente para la Victoria, Silvia Horne y Rubén López , que ya cuenta con trámite parlamentario.

Quienes sean tomados para cumplir tareas por empleadores rionegrinos deberán tener domicilio legal y real en Río Negro con una antigüedad de residencia no menor a dos años.

La ley, si llegara a sancionarse, se aplicará a todos los empleadores radicados Río Negro sin ninguna distinción y aquellos que incurran en incumplimiento de la norma sin causa justa, no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole, a otorgar por Estado provincial. Además, quedarán inhabilitados para participar en concursos o licitaciones públicas, sin perjuicio de las multas que se apliquen.

Para obtener un beneficio de cualquier índole, los empleadores deben exhibir el listado del personal acompañado con copias certificadas de los documentos de identidad que demuestren que los empleados están radicados hace más de dos años en la provincia.

Sólo podrán excusarse de cumplir con lo estipulado en esta norma cuando razones de capacidad técnica o artística o por conocimientos científicos o tecnológicos impidan su cumpli- miento.

En caso de que la Secretaría de Trabajo, que será la autoridad de aplicación, corrobore que no se está aplicando la normativa vigente, podrán dictarse las sanciones correspondientes según la gravedad del hecho y hasta suspenderse el funcionamiento del establecimiento, sin perjuicio de que los trabajadores continúen percibiendo íntegramente sus haberes.

La Secretaría de Trabajo deberá confeccionar un Registro Único de Trabajadores Locales Desempleados por especialidades con el fin de promover su contratación por los empleadores.

Este listado será exhibido en los lugares de trabajo y en la Secretaría de Trabajo y se reactualizará anualmente.

Los parlamentarios Horne y López sostienen en los fundamentos que "el eje de las políticas nacionales ha girado en torno a la defensa y promoción del trabajo. Estas políticas implementadas en la jurisdicción nacional deben ser aplicadas y reforzadas en las regiones a través de acciones y normas que defiendan el trabajo en condiciones dignas".

Sostienen los autores que "la movilidad ocupacional ha sido más bien funcional a grupos económicos que han pretendido abonar paupérrimos haberes a los trabajadores, aprovechándose de la necesidad en que ellos se encuentran y abusando de la lejanía de su comunidad. Este es el caso de muchos trabajadores de otras provincias que para realizar trabajos temporarios se trasladan miles de kilómetros, llamados "trabajadores golondrinas".