Una iniciativa presentada en la Legislatura provincial propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y darle al defensor general una autonomía que hoy no tiene, en razón que el Procurador General es quien lo tiene bajo su jurisdicción, aunque esto no sería posible porque la Constitución Provincial es taxativa en ese sentido y habla de "un único" Ministerio Público.

El tema fue tangencialmente abordado cuando se trató la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no se convino en esa circunstancia que ahora propone el diputado Luciano Di Nápoli (PJ).

El legislador de La Cámpora presentó un proyecto de ley que propicia la reforma de la Ley 2574, Orgánica del Poder Judicial de la Provincia, "a fin de dotar al Ministerio Público de la Defensa (sic) de la autonomía funcional que le permita cumplir su cometido institucional de conformidad con el nuevo paradigma adversarial vigente en materia penal, atento a su condición de organismo que garantiza por excelencia el acceso a la Justicia de los ciudadanos". Hoy, ese ministerio no existe, y lo que hay es un jefe de Defensores, precisamente Aguirre.

¿Lectura forzada?

Di Nápoli señala -sin considerar el artículo 90 de la carta magna provincial- que no se debe reformar la Constitución Provincial, sino que hace necesario una adecuación parcial de la Ley 2574, Orgánica del Poder Judicial, "en aquellos tramos en que la misma no resulte compatible con el programa constitucional nacional y el esquema adversarial que ha elegido el legislador para instrumentar el sistema de persecución y enjuiciamiento penal en la provincia".

Admite el legislador que en el actual esquema constitucional de la Provincia el Ministerio Público es ejercido ante el Superior Tribunal de Justicia por el Procurador General (artículo 90). Haciendo una lectura forzada advierte que "esta definición inicial debe necesariamente compatibilizarse con el artículo 120 de la Constitución Nacional, que consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico".

Subalternización inaceptable.

Di Nápoli ofrece otros ejemplos, señalando que podría convocar discrecionalmente a incorporarse al Ministerio Fiscal a empleados que prestan servicios en el Ministerio de la Defensa, disponer unilateralmente de los recursos, condicionando incluso deberes inexcusables de los Defensores y otros Funcionarios del Poder Judicial, cual es la visita a las personas que se hallan privadas de libertad en cárceles de extraña jurisdicción y cuya defensa técnica ejercen Defensores Oficiales.

Cabe decir que Eduardo Aguirre, hoy jefe de los defensores oficiales, no ha ocultado sus ambiciones y habría mantenido algunos contactos no oficiales para impulsar esta medida, que hizo suya el joven diputado justicialista.