La propuesta se divide en dos partes. La primera pone en cabeza del Poder Legislativo la potestad de intervenir estos organismos, con una mayoría especial y por un lapso determinado. Luego, se fijan plazos perentorios para regularizar aquellas dependencias que se encuentran en situación irregular.

“Se prevé dejar en manos del Poder Legislativo decidir esta medida extrema, el que la podrá disponer por un plazo no mayor a 180 días, lapso que estimamos adecuado para revertir las circunstancias que la motivaron. Se fijan límites precisos a las facultades del Interventor designado, como una manera de resguardar los intereses del organismo afectado, con imperativa obligación de informar sobre su gestión. Finalmente se aspira a concretar la normalización de todos los entes autárquicos provinciales hoy intervenidos, pues en todos los casos la medida ha superado temporalmente lo razonable. De allí que se le impone al Poder Ejecutivo un plazo de 60 días para concretar tal objetivo”, consignan los fundamentos del texto firmado por el parlamentario del PRO.

La propuesta de Colombres Garmendia sostiene que, dentro de la estructura funcional del Estado, es admisible la descentralización de ciertas actividades bajo un modelo hoy recurrente, el Ente Autárquico. Este modelo está representado en instituciones como la Caja Popular de Ahorros, el Subsidio de Salud, el IPV y el IPACYM, erigidos con incumbencias tan diversas como la financiera, la salud o la acción mutual y cooperativa.

“La potestad extraordinaria de intervención, respecto de los entes autárquicos señalados, fue usada en forma abusiva y recurrente, por plazos que exceden aquellos razonables para revertir situaciones de crisis, lo que ha transformado a la intervención en un modelo de administración consolidado. Transformándose de esta manera una situación que debería ser excepcional en lo habitual en nuestra provincia. Ello es hoy posible merced a la falta de reglamentación de esta extraordinaria facultad, generalmente usada por el Poder Ejecutivo, por lo que es menester generar el marco legal adecuado como prudente límite a su ejercicio y alcance, temporal y funcional”, concluye el referente opositor.