El diputado justicialista Luis "Pichi" Sagaseta presentó ayer junto a la delegación local del Inadi un proyecto de ley para derogar un inciso de la ley orgánica de la Policía Provincial con el fin de impedir que los efectivos puedan demorar a cualquier persona por "portación de cara".

La iniciativa pretende derogar el Artículo 9 inciso b de la Ley Nº 2.081 que le atribuye a la fuerza de seguridad la potestad para "demorar a la persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen, cuando se niegue a identificarse, carezca de documentación o la misma no constituya documento identificatorio fehaciente. En todos los casos la orden provendrá de personal superior de la institución y no podrá exceder de 18 horas, debiendo asentarse el ingreso en los registros policiales".

Para el legislador del PJ la detención policial por averiguación de antecedentes es, en la mayoría de los casos, "un arma discriminatoria para detener de manera arbitraria a personas sin ninguna justificación legítima".

Además, argumentó que es inconstitucional porque va en contra del Artículo 18 de la Constitución Nacional y del 65 de la Provincial.

"Creemos que el problema de la seguridad es otro, pasa por buscar la inclusión y la contención de la gente fuera del sistema e incluirlo mediante el acceso a trabajo digno", señaló Sagaseta.

Julieta Ojunian, miembro del equipo de trabajo de la delegación local del Inadi, señaló que el proyecto se originó de la preocupación por el último informe que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación argentina.

"Hay una voluntad del gobierno nacional de garantizar los derechos de libertad e igualdad de las personas, pero si las provincias no acompañan no se puede lograr", agregó.

El diputado indicó que la aspiración máxima de la iniciativa es que se garantice una convivencia satisfactoria entre la sociedad y las fuerzas de seguridad y que disminuyan los niveles de discriminación y violencia "en el oeste de la ciudad, que tanto nos duele por su marginalidad".

El proyecto fue acompañado también por los diputados Alejandro Calderón (PJ), Rodolfo Canini (UNE-MUN-PS) y Soledad Martínez (Alternativa Neuquina) y se trabajó en conjunto con Beatriz Gentile, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Gustavo García, delegado provincial del Inadi; Gabriel Rafart, responsable del Observatorio de Derechos Humanos de Neuquén; Silvia Contrafatto, coordinadora de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Comahue.